Las investigaciones sobre la trama de cobro de comisiones en la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, apuntan a una posible financiación ilegal del PP valenciano, según fuentes cercanas al caso. Las fuentes han indicado que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan de esa relación tras escuchar las conversaciones grabadas por el ex gerente de Imelsa Marcos Benavent con distintas personas, entre ellas varios cargos públicos del PP.

Según la investigación, los integrantes de la trama infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana se servían de sus puestos de responsabilidad y de su potestad en materia de contratación para "percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas". Lo que tratan de determinar los investigadores, a partir de esos indicios, es si parte de ese dinero fue a parar a las arcas del PP.

De las 24 personas detenidas hasta ahora por este caso, nueve están relacionadas directamente con la política -cargos o ex cargos del PP como el ex presidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus-. Entre ellos figuran también doce empresarios, dos arquitectos y un ex empleado del Ayuntamiento de Valencia, actual asesor del PP.