NO por democrático y plural, el resultado electoral de las elecciones a Cortes Generales del pasado domingo deja de ser negativo para el Reino de España. En primer lugar, porque muestra un país dividido en dos bloques aparentemente irreconciliables. 

Y en segundo lugar, y lo más trascendente, porque la aritmética parlamentaria que deparó el recuento electoral es endiablada: conformar una mayoría es (si no lo altera el voto exterior –PSOE y PP aspiran a ganar algún escaño más en una de las nueve provincias donde la diferencia de votos por la que se obtuvo el último diputado lo alienta–) en la práctica imposible para investir a Alberto Núñez Feijóo y muy compleja para Pedro Sánchez: tiene que contar al menos con la abstención de Junts per Catalunya. 

El Gobierno de coalición, sobre todo su socio mayoritario, presume mucho de la “desinflamación de Cataluña”, pero lo cierto es que detrás de ello lo que hay es una exitosa estrategia de aglutinar muchísimo voto en una de las autonomías que más diputados aporta, detrás de Madrid y Andalucía. 

El independentismo catalán está en declive, sí, por varios factores, la mayoría ajenos a Sánchez. El primero es el fraude: prometieron una independencia ilegal e irrealizable que no duró ni un minuto. Literalmente. 

El segundo es que la aplicación del marco legal y constitucional previo a que Sánchez fuera presidente permitió demostrar que nada de lo que hicieron quedaría impune: fueron condenados en firme por delitos de sedición y estarían aún en la cárcel de no haber mediado el indulto concedido por el Gobierno de coalición de PSOE y UP. Y el tercero, que la medida de gracia hizo que dejasen de utilizar las justas condenas para victimizarse: se acabó decir presos políticos. 

A pesar de ello, el independentismo catalán no ha renunciado a su objetivo. El pasado miércoles, en el Parlament, lo dejó claro por boca del molt honorable Pere Aragonès: “Las elecciones generales nos dan otra oportunidad”, La oportunidad de romper España, no nos engañemos. 

Y hete aquí la peor de las consecuencias de un resultado –democrático y plural– pésimo para el interés de España. El presidente catalán se mostró dispuesto a atender la demanda de Junts: hacer un frente independentista en Madrid a la hora de negociar si hay una investidura. Y la voluntad de Junts está en manos de un político impredecible y que nunca asume su responsabilidad, ni siquiera la de responder ante la Justicia por sus actos (algo que sí hizo Oriol Junqueras).  

Y la trayectoria de Sánchez no mueve a confiar en que mantendrá el marco constitucional, como dicen sus ministras, porque la cesión al catalanismo estos cinco años ha sido la constante, incluyendo que no es delito declarar pacíficamente la independencia.