La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha aprobado el dictamen de la Ley de Consultas, paso previo a su aprobación en el pleno, con los votos favorables de todos los grupos, incluido el PSC, salvo de PPC y Ciutadans, que han avisado de que es un "engaño" para convocar la consulta del 9 de noviembre. El dictamen de la ley de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana ha sido aprobado por 17 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP) y 4 en contra (PPC y Ciutadans), mientras que han sido rechazadas todas las enmiendas parciales de PPC, C's, PSC e ICV-EUiA. Tras este trámite, la ley, que está inicialmente pensada para convocar la consulta del 9 de noviembre pero que también contempla otros mecanismos de participación ciudadana, deberá pasar ahora por el Consejo de Garantías Estatutarias para que dictamine si es constitucional, y, posteriormente, se someterá a su aprobación definitiva en septiembre por el pleno del Parlament. Al ser rechazadas todas las enmiendas presentadas por PSC, PPC, ICV-EUiA y C's, estos grupos se han "reservado" la posibilidad de volverlas a defender ante el pleno.

ICV-EUiA y PSC se han apoyado hoy mutuamente algunas de las enmiendas "vivas", por ejemplo las referentes al tiempo mínimo de arraigo de extranjeros comunitarios y no-comunitarios que se exige para poder votar, y también las del apartado que regula las firmas necesarias para una consulta promovida por la ciudadanía. En la comisión, el diputado de CiU Josep Rull ha asegurado que esta "no es una ley sólo para el 9 de noviembre, pero también lo es", y ha resaltado el "consenso parlamentario amplio" que la avala. Gemma Calvet, diputada por ERC, han mostrado su satisfacción por una ley que ha catalogado como "propia de una democracia moderna". Por su parte, el diputado por el PSC Ferran Pedret ha defendido que es "una buena herramienta para complementar la democracia participativa", aunque ha precisado que su grupo "mantendrá sus enmiendas" para "que la ley no sirva para hacer la consulta del 9N". Santi Rodríguez, diputado del PPC, ha advertido de que "esta es la herramienta de unos grupos para la consulta" soberanista y ha argumentado que "no" quieren ser partícipes "de un engaño masivo" ya que, ha apuntado, "esta ley no sirve para hacer un referéndum camuflado" como consulta.

La líder ecosocialista, Dolors Camats, ha defendido que la nueva ley servirá para que los ciudadanos "incidan en las políticas que les afectan", aunque ha discrepado sobre el tiempo de arraigo mínimo de los inmigrantes para poder votar. Carina Mejías, portavoz de Ciutadans -único grupo que no ha participado en la ponencia redactora-, ha denunciado que la ley es una "trampa" y "una coartada política para celebrar un referendo sobre el que la Generalitat no tiene competencias". El diputado de la CUP Quim Arrufat, por su parte, ha dicho, en alusión a los diputados del PPC contrarios a esta ley, que ha tenido la sensación de "estar compartiendo la ponencia con fiscales del Estado e informadores privilegiados del Gobierno". En la exposición de motivos, se remarca que la ley establece el régimen jurídico y procedimiento para celebrar consultas sobre "cualquier aspecto de la vida pública en el ámbito de Cataluña y en el competencial de la Generalitat y los entes locales", en base a la competencia "exclusiva" que le otorga el Estatut en esta materia.

La normativa, en cuyo redactado no se hace referencia al 9N, está diseñada para consultas populares no refrendarias -no vinculantes jurídicamente-, salvando así la petición de autorización al Estado, que tiene competencias exclusivas en referendos. La nueva ley fija un plazo de entre 30 y 60 días entre la convocatoria de una consulta y su fecha de celebración, por lo que el presidente catalán, Artur Mas, debería firmar el decreto como muy tarde el 9 de octubre. Establece que podrán participar los catalanes mayores de 16 años que residen en Cataluña y los que están en el extranjero, pero no los que viven en otras autonomías, mientras que, por lo que respecta a los inmigrantes, podrán votar aquellos que tengan un arraigo de un año, en el caso de comunitarios, y de tres para los extracomunitarios. Las consultas pueden ser convocadas por el Govern, el Parlament, un ayuntamiento o una institución supramunicipal, y utilizarán el Registro de Población de Cataluña, del Instituto de Estadística de Cataluña, para establecer el censo.

El 'Govern' subraya que está dispuesto acordar pero no a "olvidar" la consulta

El conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha remarcado que el Govern está dispuesto a pactar con el Gobierno central la consulta soberanista pero no a "olvidarla", aunque ha subrayado que cualquier modificación debería someterse al acuerdo de los partidos que impulsan la cita del 9N (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP). "Lo venimos diciendo desde el primer día, ha habido siempre por nuestra parte y por parte de fuerzas políticas catalanas" la voluntad de "intentar acordar las cosas", pero "esto no supone olvidarte de ellas si no es posible el acuerdo", ha apuntado Homs.

Así se ha expresado hoy el conseller de Presidencia al ser preguntado por la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se abra a negociar los términos de la consulta soberanista en la reunión que prevé celebrar próximamente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En todo caso, Homs ha recordado que este es un asunto que "evidente que no se modificará si no hay una acuerdo entre todos" los impulsores, en alusión a CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP, que pactaron con Mas la pregunta y fecha de la consulta del 9 de noviembre.

En declaraciones a los periodistas tras un acto de homenaje a los voluntarios catalanes de la Primera Guerra Mundial, Homs ha afirmado que "lo ideal sería que las cosas se pudiesen acordar" pero "parece ser, por lo que nos va diciendo Gobierno español, que le resulta imposible", por lo que "al menos le pedimos que no pongan trabas" al instrumento para convocar el 9N: la ley catalana de consultas.

Sobre este proyecto, Homs ha destacado que es un "paso importante" que la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament haya dado hoy luz verde al dictamen de la ley de consultas, paso previo a su aprobación definitiva en el pleno prevista para septiembre. El conseller ha considerado que es "oportuno y acertado" que los grupos parlamentarios promotores de dicha ley tengan la "autoexigencia de ajustarse a la legalidad" al llevar el texto al Consejo de Garantías Estatutarias, para que dictamine si se ajusta a la Constitución y al Estatut.