El PP se ha alineado con las defensas que piden la nulidad de Gürtel o, en su defecto, ser apartado del juicio, en el que está en calidad de partícipe a título lucrativo, ante la "plena indefensión" creada por la falta de "concreción" de los hechos por los que se le acusa de lucrarse de la trama en Pozuelo y Majadahonda. El abogado que representa al PP como persona jurídica, el exfiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos, ha defendido que no es el partido al que la Fiscalía y las acusaciones debían reclamar la responsabilidad civil por los beneficios que pudo obtener de la trama sino que, en todo caso, correspondería a los grupos municipales de Pozuelo y Majadahonda. Santos ha lamentado así la "equívoca e inadecuada" designación del PP como partícipe a título lucrativo y ha resaltado que se trata de una condición que le ha llevado a estar sentado en la última fila y el último lugar del banquillo que ocupan los acusados y responsables civiles en este caso.

Ha querido destacar además "lo significativo a las magnitudes mediáticas" que tiene "llamar al PP" en este proceso. Ha criticado también que la Fiscalía sostenga que el partido, sin tener participación ni conocimiento de la existencia de la trama, haya obtenido un beneficio que no llega a los 250.000 euros en esos dos municipios madrileños sin que en ningún momento se concreten los hechos por los que se llega a esa conclusión.

El abogado se ha adherido además a las cuestiones de nulidad de la causa planteadas por la mayor parte de las defensas, entre ellas la del extesorero Luis Bárcenas, como la de la posible ilegalidad de las grabaciones que destaparon el caso o las escuchas en prisión "grabadas de forma ilegal y delictiva" que autorizó el exjuez Baltasar Garzón y que le llevaron a ser condenado. Ha destacado que en esa sentencia el Supremo ya dijo que ese fue "uno de los atentados más graves al Estado de Derecho en su vertiente del derecho de defensa que recuerda a los estados totalitarios".

Pese a esa sentencia, que provocó expulsar de ese procedimiento la transcripción de las conversaciones, Santos ha observado que esa información ha sido utilizada por la UDEF, la Fiscalía y el propio juez instructor. Por ello, considera que ahora la Sala deberá resolver en qué manera eso ha podio afectar "al devenir de los posteriores actos de investigación" y "de qué manera pueden tener un efecto contaminante en el desarrollo de la posterior investigación".

De ser aceptadas estas cuestiones por el tribunal, que ya ha anunciado que las resolverá la próxima semana, toda la investigación que parte de esas grabaciones quedaría invalidada y el juicio no podría celebrarse. Por contra, la defensa de la exministra de Sanidad Ana Mato, encausada también como partícipe a título lucrativo por los regalos de la Gürtel a su exmarido Jesús Sepúlveda cuando era el alcalde de Pozuelo, ha declinado presentar cuestiones previas y se ha limitado a aclarar que la incomparecencia de su cliente en el banquillo está amparada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La intervención de Santos ha sido la última en esta segunda jornada de juicio, durante la cual se ha visto con más evidencia la posible existencia de acuerdos con la Fiscalía de cuatro de los 37 acusados. De hecho, fuentes próximas a la defensa de Correa han indicado a Efe que el cabecilla de la trama ha ofrecido a Anticorrupción reconocer los delitos de los que se le acusa a cambio de un pacto que aún no se habría producido y que pasaría por una reducción de su pena.

Correa busca confesar los hechos en esta y el resto de las piezas de Gürtel y está dispuesto a pagar las responsabilidades civiles que le pida la Fiscalía, que por ahora ha rechazado sus condiciones. Ayer, el acercamiento de Correa se visualizó cuando su nuevo abogado rehusó presentar cuestiones de nulidad, una postura a la que se ha sumado hoy el empresario Alfonso García Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica y que ya manifestó su arrepentimiento, y el exedil de Pozuelo Roberto Fernández.

Tras la exposición de todas las cuestiones previas de las defensas, el tribunal ha acordado dar tiempo a la Fiscalía y al resto de las acusaciones para analizar toda la documentación aportada para ilustrar sus peticiones y ha decidido retomar el lunes el juicio con el fin de que expongan sus alegaciones. El tribunal tiene previsto dar a conocer su decisión sobre las cuestiones previas después de que intervengan las acusaciones para dar paso, previsiblemente el martes, al interrogatorio de los acusados.

Correa ofrece a la Fiscalía confesar los hechos a cambio de un pacto

El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha ofrecido a la Fiscalía Anticorrupción reconocer los delitos de los que se le acusa en el macrojuicio contra la trama que se celebra en la Audiencia Nacional a cambio de un pacto que aún no se habría producido. Según han informado fuentes próximas a la defensa de Correa, su nuevo abogado, Juan Carlos Navarro, ha iniciado conversaciones con las fiscales de cara a llegar a un acuerdo para una rebaja de su pena a cambio de una confesión en su declaración como acusado la próxima semana, pero la Fiscalía ha rechazado sus condiciones. Las mismas fuentes han indicado que aún habría margen para la negociación y que la intención de la defensa es llegar a pactos en todas las piezas de Gürtel en las que está imputado, comprometiéndose a confesar y a pagar las responsabilidades civiles que se le pidan.

De llegar a un acuerdo, Correa, que se enfrenta a 125 años de cárcel, admitiría los hechos que le imputa la Fiscalía, que afirma que desde 1999 hasta 2009 "lideró un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos" y contó para ello con la colaboración de una serie de políticos a los que compensaba con pagos en especie. En el juicio que ha arrancado esta semana contra 37 acusados se sientan en el banquillo políticos del PP que habrían recibido comisiones de Correa, como el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, y el exdiputado del PP Jesús Merino, además del extesorero del partido Luis Bárcenas.

La primera señal del cambio de estrategia en la defensa de Correa, que hasta hace poco llevaba un abogado de oficio, la dio el pasado 26 de septiembre, cuando ordenó a su banco de Suiza -tiene bloqueadas sus cuentas en el país helvético- autorizar el pago de los 2,2 millones de euros que la Fiscalía le pide en concepto de responsabilidad civil por el juicio de Gürtel. Ayer, en la primera jornada del juicio a la "primera época" de la trama también escenificó un signo de colaboración cuando rehusó pedir cuestiones previas, como la nulidad del procedimiento que han reclamado muchos de los abogados por la supuesta ilegalidad de las grabaciones a Correa que dieron lugar a la investigación.

Durante la jornada de hoy y de ayer, abogados de los acusados han observado además que el letrado de Correa se ha acercado en varias ocasiones en los recesos al estrado de las fiscales de Gürtel, Concepción Nicolás y Concepción Sabadell, para hablar con ellas. Las fuentes consultadas de la defensa del cabecilla de la trama siguen manteniendo la esperanza de llegar a algún tipo de acuerdo hasta que la semana que viene declare ante el tribunal.

Correa es, en principio, el primero en comparecer (seguramente el martes), pero puede que finalmente quede en cuarto lugar porque la Fiscalía ha pedido que declaren en primer lugar tres acusados que habrían llegado a acuerdos con el ministerio público. Se trata del constructor Alfonso García Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica; Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, y el exedil de Pozuelo Roberto Fernández.

García Pozuelo ya manifestó su arrepentimiento por sus delitos en Gürtel y hoy, al igual que hizo Correa, ha declinado plantear cuestiones de nulidad de la causa. La única petición que ha hecho al tribunal la abogada de este acusado, que se enfrenta a 4 años y 6 meses de cárcel, ha sido que se le permita ausentarse de las sesiones del juicio que no le afecten para poder atender a su madre enferma.

El pasado mayo, García Pozuelo, considerado el primer arrepentido en esta causa, reconoció en su escrito de defensa el pago de comisiones a la trama a cambio de adjudicaciones en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y manifestó su arrepentimiento por haber colaborado con Gürtel. Con esta confesión, el empresario pretende conseguir que se rebaje a la mitad la pena que reclama para él la Fiscalía, con lo que sólo sería condenado a dos años de cárcel, si bien para evitar ingresar en prisión propone que se le sustituya por una multa de 432.000 euros.