El ex alcalde del ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón y ex marido de la ex ministra de Sanidad Ana Mato, Jesús Sepúlveda, se ha mostrado contrario de que se cambie el orden de declaración de los acusados en el juicio de la primera época de Gürtel (1999-2005), tal y como solicitó este martes la Fiscalía Anticorrupción. 

El abogado de Sepúlveda, Alberto García, ha destacado que no ve pertinente que los empresarios Jacobo Gordon y Alfonso García-Pozuelo Asins y el ex concejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández sean los primeros en responder a las preguntas de las partes.   

Así ha instado a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar esta pieza de la trama Gürtel, a que no acepte esta solicitud ya que hay una "falta de motivación" por parte de la Fiscalía que no dio ninguna explicación para que se efectúe esta modificación. Este lunes, el abogado de Bárcenas insinuó que el cambio en el orden de declaración, que aún tiene que aceptar el tribunal, se debe a un acuerdo de conformidad alcanzado por estos tres acusados con Anticorrupción.

Última declaracióin en 2013

El abogado de Sepúlveda ha recalcado que su defendido declaró por última vez en 2013, durante la fase de instrucción y, por tanto, no ha podido solicitar nulidad alguna de los delitos que se le imputaban con anterioridad. En este sentido, ha solicitado a la Sala que se reconozca como prescritos "en su totalidad" los delitos de falsedad continuidad de documento mercantil, cohecho, fraude continuado a las Administraciones Públicas y malversación de caudales públicos. 

Como han hecho ya la mayoría de los acusados, Sepúlveda se ha adherido a las cuestiones previas del resto de acusados y, en concreto, a las presentadas por el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, que pidió la nulidad de las escuchas telefónicas practicadas por el exmagistrado Baltasar Garzón y de las grabaciones del denunciante José Luis Peñas, que destapó la trama. 

La Fiscalía Anticorrupción pide para Sepúlveda 15 años y 4 meses de prisión por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad continuidad de documento mercantil, cohecho, fraude continuado a las Administraciones Públicas, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. 

Incompetente para juzgar a Sanchís

El abogado del ex tesorero de Alianza Popular, Ángel Sanchís Perales, ha pedido que se retire la acusación contra su defendido en el juicio de la pieza Época I: 1999-2005 de la trama Gürtel y ha asegurado que la Audiencia Nacional no tiene "competencia funcional" para juzgar a su defendido. Del mismo modo, la defensa de su hijo ha destacado que este tribunal no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre un delito que ya está siendo juzgado en otro país. 

El abogado Ernesto Jiménez ha defendido contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que no hay ninguna autorización de las autoridades suizas que se pueda trabajar fiscalmente. De hecho, ha recordado que aún queda pendiente de práctica de prueba unas comisiones rogatorias a Suiza de una "determinada información" relacionada con Sanchís Perales. 

Así, el letrado ha asegurado, durante la exposición de cuestiones previas, que la "Sala no tiene competencia funcional para juzgar" a su cliente por los delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales. Además, Jiménez ha señalado la "irrealidad" del programa informático de notificación judicial que, a su juicio, produce una "absoluta indefensión" y se ha adherido a las cuestiones previas planteadas por otros letrados sobre a las prescripciones de delitos y defectos de forma.  

Su hijo tampoco puede ser juzgado

La defensa de Ángel Sanchís Herrero, hijo del ex tesorero de Alianza Popular, también ha subrayado que no se puede someter a la "jurisdicción" del tribunal formado por Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, ya que está siendo juzgado por el delito de blanqueo de capitales en Argentina. 

"Hemos tratado de colaborar con la Sala y nos encontramos con una comisión rogatoria", ha lamentado el abogado de Sanchís Herrero. Ha añadido que no se han presentado ningún cargo distinto contra su defendido y, por tanto, el delito del que se le acusa debe ser juzgado en el país sudamericano. 

La Fiscalía solicita para Sanchís Perales ocho años de cárcel por los delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo de capitales; y seis años de prisión para su hijo por blanqueo de capitales. 

Por otro lado, el abogado del exdiputado del PP por Segovia Jesús Merino ha vuelto a pedir que se llame a declarar al organizador de eventos Jesús Merino Calvo, cuya testifical ya fue rechazada durante la instrucción, para aclarar que puede existir una confusión entre esta persona y su cliente.  

Documentación suiza para imputar delitos

Durante el turno de la defensa del supuesto testaferro del extesorero del PP Luis Bárcenas, Iván Yáñez, ha denunciado que se ha "venido utilizando" la documentación solicitada a Suiza para imputar delitos fiscales a Bárcenas y, por tanto, uno de ellos a su defendido como cooperador necesario. 

En esta línea, ha pedido a la Sala que esta imputación se considere "no hecha" ya que "el uso de la documentación es ilícita, el principio de especialidad ha sido vulnerado".  

De hecho, ha hecho hincapié en que en Suiza el delito fiscal no es equiparable al reconocido en España, ya que la ocultación de fondos en el país helvético es penado con una "mera" sanción administrativa y, al igual que ha hecho Sanchís Perales, ha denunciado que Anticorrupción quiere hacer uso de unos documentos que no tienen el visto bueno de las autoridades suizas. 

La defensa de Yáñez ha afirmado que durante la instrucción se ha utilizado contra su cliente hechos que no son "objeto de acusación", y que, además, no están en el auto de transformación a procedimiento abreviado, para "inventarse" delitos fiscales y poder, así, pedir comisiones rogatorias a Suiza y cambiar el escrito de acusación. " Esto no lo puede tolerar la Sala, ni debe tolerarlo", ha apostillado. 

Como otra de las cuestiones previas presentada, el abogado José Lozano ha indicado que su representado vulnerado el derecho a la defensa. Según ha constatado, durante la instrucción sólo se le ha investigado de un delito de blanqueo de capitales, mientras que en 2015 se encontró con una "acusación sorpresiva" por el delito contra la Hacienda Pública, del cual no ha podido presentar pruebas para demostrar su inocencia. 

Por último, ha solicitado al tribunal el desbloqueo parcial de sus cuentas, concretamente la liberación de 10.000 euros mensuales desde este momento hasta que finalice el procedimiento, para poder pagar los honorarios de sus abogados; así como la dispensa de su defendido de asistir a todas las sesiones del juicio. 

La mujer de Bárcenas pide la nulidad de su marido

La abogada de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, se ha unido este miércoles a las peticiones de nulidad de la causa planteadas por el letrado de su marido durante la primera jornada del juicio por la primer época de Gürtel.  

La abogada Marta Giménez ha defendido que la mujer del que fuera senador popular se ha visto privada de su derecho de defensa ya que se le acusa de participar en delitos que se imputan a su esposo y que fueron archivados en la fase previa de investigación a cargo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

También se ha adherido a la solicitud del ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo de revertir el orden habitual del juicio y permitir que los acusados declaren en último lugar, después de que el tribunal escuche los informes periciales.  

"No ha tenido posibilidad de derecho de defensa, siempre estuvo relacionada con Luis Bárcenas y la colaboración en sus delitos fue archivada", ha insistido.  

La abogada ha reclamado, además, que se dispense a Rosalía Iglesias de acudir a las sesiones de la vista oral que no le afecten directamente. Ha reiterado otros motivos de nulidad ya planteados, como la prescripción o la nulidad de los datos aportados por las autoridades suizas. 

La Fiscalía Anticorrupción pide para ella 24 años y 1 mes de prisión por los delitos de apropiación indebida, ocho delitos contra la Hacienda Pública, estafa procesal y blanqueo de capitales.