JUNTO al líder de Podemos, Pablo Iglesias, los dos economistas que asesoran a la formación política presentaron el jueves en Madrid su programa económico. Vicenç Navarro es un conocido profesor de políticas públicas en la Universidad Pompeu Fabra, después de haber enseñado durante muchos años en la prestigiosa Johns Hopkins University de EEUU. Juan Torres, con quien me une una buena amistad desde hace años cuando trabajábamos en la Universidad de Málaga, es ahora profesor en la Universidad de Sevilla. Ambos son profesores instruidos, con una notable formación y me merecen respeto intelectual. Pero esto no es óbice para estar en desacuerdo con los puntos fundamentales de su diagnóstico y con las medidas que proponen para salir de la crisis.

La afirmación de que la desigualdad es la causa fundamental de la actual situación no es cierta. Los economistas estamos de acuerdo en señalar al enorme endeudamiento, a los excesos por el lado de la demanda, como la causa fundamental del origen de la crisis, aun cuando pueda haber matices para algunos países. Por tanto, la desigualdad ha sido una causa aparecida posteriormente y que ayuda a explicar las dificultades para salir de la actual situación, aunque no es la única.

Sí estamos de acuerdo en que es uno de los principales problemas que padecemos, junto al desempleo y la deuda. Pero lo que no compartimos es la panoplia de medidas que proponen para combatirlos. La reducción de salarios no ha causado la crisis. De hecho, durante los primeros años, aquéllos siguieron aumentando por encima de la inflación y del crecimiento de la productividad. Fue el colapso en el crédito y la posterior contracción de la actividad los que dispararon el desempleo.

En consecuencia, la reducción de salarios no provocó la contracción de la demanda agregada y la renta. La reducción salarial posterior no ha hecho sino recuperar parte de la competitividad perdida durante los años del boom y los primeros de la crisis. Es cierto que ahora tanto la Unión Europea (UE) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) están aconsejando una subida salarial. Podemos estar de acuerdo, pero habrá que ver el efecto final sobre la actividad.

No olvidemos que la economía española es muy abierta y pequeña. No nos encontramos en el mundo keynesiano de hace siete décadas en el que las economías estaban muy cerradas y el tipo de cambio de las monedas era fijo. Hoy estamos en economías muy abiertas. Aunque no hay riesgo de tipo de cambio porque compartimos el euro, sí padecemos riesgo de crédito, de manera que somos muy dependientes de la financiación internacional, tanto del Banco Central Europeo (BCE) como del resto de la banca y ahorradores internacionales. Cualquier medida que se proponga para impulsar la demanda de consumo de las familias y el gasto público tiene que tener en cuenta esa restricción exterior. Tenemos que seguir exportando a un ritmo elevado. En otro caso, un rápido deterioro del sector exterior y un rescate sobre la deuda española estarían asegurados.

Otras de las medidas que proponen para salir de la crisis no pueden llevarse a cabo porque no dependen sólo de la voluntad política -como ellos afirman- sino de circunstancias económicas más generales. Como ejemplo, abogan por un plan de infraestructuras sociales -guarderías, residencias para ancianos, etc.- que generarían en España más de 3,5 millones de empleos si igualasen el nivel de Suecia. Igualmente, si la participación de la mujer en el mercado laboral igualase a la de Suecia se generaría mucho trabajo. Pero estas dos medias, como muchas otras, no se pueden adoptar por decreto, como si sólo dependiera de la voluntad política de los gobernantes. Construir y mantener esa infraestructura social requiere de enormes recursos, que ni la propia Suecia puede mantener debido a su altísimo coste en una sociedad envejecida. La participación tan elevada de la mujer en el mercado de trabajo depende de su formación, de la escasez relativa de activos del otro género, de un crecimiento continuo y de otras variables en un proceso que ha tardado décadas en producir esos resultados.

En fin, proponer una elevación de las pensiones y una reducción de la edad de jubilación, aun con flexibilidad -cuando el actual sistema no se sostiene-, o una renta mínima garantizada para aquellos desempleados de larga duración que no encuentren trabajo requiere de unos recursos de los que este país carece. No es el mejor ejemplo el del País Vasco, que disfruta de unos privilegios inaceptables y no trasladables a otras geografías. Tendrían también que explicar con detalle que significaría introducir el derecho a acceder al crédito y la recuperación de la banca pública, tanto en términos de recursos como de objetivos. La práctica desaparición de las 46 cajas de ahorro que había en España, ¿no es suficiente lección para no intentar nada parecido otra vez?

No obstante, con una reforma fiscal que elevara la recaudación, sería posible atender algunas de las propuestas presentadas. Se puede recaudar algo más por el patrimonio, por sociedades y grandes rentas, aunque algunas medidas tendrían que ser coordinadas con otros países. Es posible reducir el fraude fiscal. Pero no olvidemos que no depende sólo de las acciones del gobierno. El fraude es reducido cuando hay poca economía sumergida -en España es del 20% del Producto Interior Bruto (PIB)- y cuando existe un consenso social y cultural para combatirlo, que en España es débil.

Sólo con buenos deseos y confiando en grandes decisiones tomadas por los gobiernos no se resuelven los problemas. La gente y las instituciones de todo tipo tienen que funcionar adecuadamente. Juan Torres afirmó -con razón- que una política económica no se puede importar. Tampoco podemos pretender importar el modelo institucional y cultural de Suecia, que a los suecos les ha costado dos siglos construir.