La nueva ordenanza de antenas podrá estar lista para ir a Pleno en dos meses
El borrador del documento se presentó ayer en una jornada sobre seguridad y telefonía móvil organizada por Serecop · Los colectivos locales y la oposición municipal podrán realizar aportaciones
La nueva ordenanza municipal que regulará las condiciones de instalación y funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas se dio a conocer ayer en el auditorio del Hotel Monasterio de San Miguel, en el transcurso de una jornada sobre seguridad y telefonía móvil organizada por la empresa municipal Serecop.
Por la mañana un técnico de la Oficina de Asesoramiento de Telecomunicaciones para las Administraciones Locales había realizado una serie de mediciones en antenas de telefonía distribuidas por la ciudad y escogidas entre Ayuntamiento y Federación Local de Asociaciones de Vecinos, mediciones cuyos resultados también se dieron a conocer en el transcurso de la jornada de ayer.
A pesar de los positivos resultados obtenidos de dichas mediciones (realizados en zonas como Valdelagrana, Sierra San Cristóbal, avenida de la Diputación, avenida de Sanlúcar, hospital Santa María del Puerto y Fuentebravía), el público que asistió a las jornadas no quedó convencido con las explicaciones que aportó el técnico de la Junta de Andalucía, que tras exponer los resultados de las mediciones (2,93 voltios/metro de intensidad de campo en el caso más negativo, el de la Sierra de San Cristóbal, sobre un límite legal de 41,25 voltios/metro) insistió en que las ondas de radio que se utilizan para la telefonía móvil no suponen ningún riesgo para la salud superior al que pueden provocar otros aparatos eléctricos como la televisión, la radio o el microondas. También esgrimió el técnico una serie de informes emitidos por instituciones sanitarias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Ministerio de Sanidad, e incluso el Defensor del Pueblo en los que se dice que no hay motivo de alarma ante la cercanía de este tipo de infraestructuras, a pesar de todo lo cual el público expresó en reiteradas ocasiones sus reticencias y sobre todo su temor a los temidos efectos negativos de los campos electromagnéticos.
En la jornada de ayer estuvieron presentes, además del técnico de la Consejería de Innovación de la Junta, un representante de la asesoría jurídica de Urbanismo que ha elaborado el grueso de la ordenanza, el abogado José Miguel Gómez Pedrosa y el presidente de la Flave, José Rodríguez. Todos ellos expusieron sus puntos de vista tras un debate improvisado en el que parte del público expresó sus temores sobre las instalaciones de telefonía, planteando casos como el aumento de los casos de cáncer en zonas determinadas de la ciudad o incluso la ansiedad que provoca a muchas familias el tener cerca de sus casas uno de estos dispositivos.
El presidente de la Flave señaló que tal vez esta desconfianza de los ciudadanos se debe a la forma de actuar de las grandes operadoras, que suelen instalar las antenas en muchas ocasiones con nocturnidad y sin dar información clara y tranasparente a los vecinos, a lo que hay que sumar que suelen pagar grandes sumas de dinero a las comunidades en las que instalan estos dispositivos. Tanto Rodríguez como Gómez Pedrosa echaron de menos que en la mesa redonda de ayer hubiera algún médico o autoridad sanitaria, que pudiera hablar con propiedad de la relación entre estos aparatos y la salud de las personas.
En cuanto a la ordenanza en cuestión, que podrá ir a Pleno en el plazo de unos dos meses, una vez se incorporen al borrador las aportaciones y sugerencias que realicen colectivos ciudadanos, oposición municipal y áreas del Ayuntamiento, el coordinador de Urbansimo, José Galán, explicó que para elaborar el borrador se han tenido en cuenta las numerosas sentencias judiciales existentes sobre este asunto, de manera que la ordenanza no pueda quedar inutilizada por los recursos de las operadoras. Sí dijo que al haber en juego competencias de varias administraciones, la ordenanza podrá centrarse sobre todo en cuestiones urbanísticas como el impacto visual , la necesidad de revisiones periódicas de las instalaciones o la exigencia a las compañías de aportar documentos de implantación. Las multas previstas en la ordenanza van desde los 600 hasta los 120.000 euros.
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