Con la actual situación de crisis económica aumentan, por desgracia, las situaciones de emergencia social; aunque hay algunas que trascienden por su gravedad. Este puede ser el caso de Abraham Ramos Pineda y de su pareja, dos jóvenes que tienen dos hijos aunque actualmente tienen retirada la custodia sobre ambos.

La pareja vive en un piso de propiedad municipal en la barriada de El Tejar. Sin embargo, días atrás recibieron una orden de desahucio por parte de Suvipuerto, la empresa municipal que gestiona el parque de viviendas sociales, por impago de la renta. No obstante, ya recibió una notificación similar en julio del año pasado pero, entonces, se logró posponer la orden gracias a la mediación del Foro Social.

Abraham Ramos explica que no puede pagar la renta ni los gastos de la comunidad de vecinos porque no tiene recurso alguno. Para empezar, lleva más de dos años y medio sin trabajar (la última vez estuvo varios meses como vigilante) y trata de ganar algún dinero con la chatarra y de aparcacoches ilegal. Su pareja tampoco tiene empleo así que tratan de salir adelante con lo poco que ganan con estas labores y con la ayuda del comedor de Sol y Vida, donde acuden diariamente a desayunar y comer, y de la congregación del Espíritu Santo, que también les da alimentos. Asimismo reciben ropa de la asociación Nueva Bahía.

A esto se le une que no hace mucho le fue retirada la custodia de su hija recién nacida por la falta de recursos económicos y vieron como su vivienda se quedaba sin luz ni agua por los impagos. No obstante, poco tiempo después se restablecieron los suministros tras las gestiones realizadas por los servicios sociales del Ayuntamiento, que han centrado sus esfuerzos en recuperar la custodia de los hijos.

Sin embargo, ahora ha surgido un nuevo lastre, y esta vez enorme y casi insalvable como es el desahucio, que hace peligrar la labor realizada hasta ahora para volver a tener en casa, al menos, a la recién nacida. Abraham explica que tampoco pueden recibir ayuda familiar porque también sus recursos son muy limitados. "Si me dejan en la calle no tendré más que irme a una casa abandonada del centro", advierte.

Ahora, la pareja ha vuelto a recibir el apoyo del Foro Social, que está haciendo gestiones para tratar nuevamente de posponer el desahucio fijado para el próximo lunes. Rafael Portela, uno de los representantes de este colectivo que aglutina a varias entidades sociales de la ciudad, considera que una empresa municipal debe tener más "sensibilidad" en casos de este tipo. Asimismo, reclama que haya una mayor coordinación del Gobierno local para buscar una solución. "Un ayuntamiento no puede, por un lado, intentar agrupar a una familia y, por otro, quitarles la vivienda", sostuvo.

Mientras, desde Suvipuerto se apuntó ayer que tanto la empresa municipal como el Área de Bienestar Social "están trabajando de forma conjunta en el caso para tratar de dar una solución" y no tener que ejecutar el lanzamiento de la vivienda.