Cuando Antonio (nombre ficticio) quiso empezar a vivir y echar a volar para emprender su camino como cualquier chaval que busca su independencia, ya estaba asfixiado por las deudas y era esclavo de ellas. La historia de Antonio puede ser la de cualquiera que crece en el seno de una familia que elige ganarse el pan por cuenta propia y que por un cúmulo de circunstancias se ve obligada a endeudarse para intentar subsistir. Ese primer préstamo bancario desemboca en otro y en otro... y el negocio echa la baraja por falta de liquidez; pero el boquete en el bolsillo sigue ahí, y Antonio, que cuando todo esto ocurre es un estudiante de poco más de 20 años, se ve pillado hasta las cejas por haber avalado a su padre, gerente de dos constructoras. “Ni en 100 vidas podía pagar la deuda de 2.788.068,73 euros contraída”, explica su abogado, José María Puelles, que ha logrado que el juez lo exonere del pago de esa suma gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Antonio, vecino de El Puerto de Santa María, casado y con hijos, ha empezado ahora a vivir.

“En el año 2000, por indicación de las entidades financieras que hábilmente se anticiparon a la crisis del ladrillo, el padre de Antonio, gerente de dos constructoras, renegocia todas las pólizas de crédito y todos los préstamos que tenía. Para ello, le exigen dos avalistas, que acaban siendo su esposa y su hijo, Antonio”, explica Puelles, también presidente del  Observatorio de Segunda Oportunidad del Colegio de Abogados de Madrid.

Sin embargo, en el año 2008, las empresas entraron en concurso de acreedores y las entidades bancarias ejecutaron los avales. “Antonio se encuentra entonces con una deuda de 2,7 millones de euros más intereses”, puntualiza el letrado. “Con veintipocos años está arruinado, sin perspectiva ni futuro. No puede tener una tarjeta de crédito ni contratar una simple línea de móvil. Encuentra trabajo aunque apenas llega a ganar el salario mínimo. Encima, ve cómo los bancos venden su deuda a fondos de inversión por precios irrisorios al tiempo que sufre un acoso terrible por parte de esos fondos compradores de deuda, que le reclaman el pago de la misma. Antonio entra en depresión”.

En el año 2020, el hombre inicia los trámites ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de El Puerto de Santa María para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y conseguir el perdón de una deuda millonaria. “En su solicitud de concurso, comunica todos los débitos, fundamentalmente los avales efectuados en su día a las empresas de su padre. Además, indica que carece de bienes, él dice que más quisiera él tenerlos. Antonio no entiende de maquillajes contables, lo suyo no es la picaresca, no domina los procesos judiciales. Él sólo sabe que no es feliz y que se siente marginado, un apestado social”, manifiesta José María Puelles.

El pasado 11 de enero, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de El Puerto de Santa María dictó un auto por el cual se le reconoce a Antonio “el derecho de la exoneración definitiva”, un perdón que “alcanza a todo el pasivo no satisfecho con la masa activa”. Se trata, según Puelles, de la mayor deuda condonada en la provincia de Cádiz y una de las más altas de Andalucía.

“Antonio es hoy un hombre feliz. Luce en su cara una sonrisa cuando viene a verme, lo que, a Dios gracias, ya no hace con tanta frecuencia. Ahora tiene la vida normal de una persona normal. La vida a la que tenía derecho, a la que todos tenemos derecho”, argumenta José María Puelles. “Si algún día nos tocara a nosotros afrontar esta compleja situación, ojalá tengamos la fortaleza de Antonio y contemos con un sistema que nos ampare”, remata.

Segunda Oportunidad

“Actualmente, hay muchas personas en Cádiz pasándolo muy mal en términos financieros que desconocen, de una parte, el alcance de la Ley de Segunda Oportunidad y, de otra, la necesidad de poner el caso en manos de un experto”, explica el abogado.

Asimismo, advierte sobre una campaña de desprestigio hacia esta normativa con el propósito de crear “un clima contrario” entorno a la Segunda Oportunidad. “Se denuncian supuestos fraudes, hipotéticas irregularidades o picarescas que sólo están en las mentes de algunos”, señala el letrado.

“Antes el cliente tenía que pagar determinados créditos para que le perdonaran otros. Ahora no es así. Desde el año 2015 es posible exonerar total o parcialmente las deudas de las personas honestas que reúnan los requisitos que contempla la Segunda Oportunidad, como por  ejemplo ser  deudores de buena fe o no haber cometido fraude en Hacienda. Además, antes era el juez el que fiscalizaba el proceso concursal mientras que ahora esta función de fiscalización está encomendada a los acreedores, es decir, el legislador español ha optado por un sistema en el que han de ser los acreedores (los bancos) los que tutelen sus propios intereses. De esta forma, los jueces no han de controlar la actuación del deudor, sino que deben verificar los datos que se aporten a la causa por parte de los acreedores en caso de que aprecien fraude o picaresca ¿Qué ocurre? Que las entidades financieras no quieren asumir esta responsabilidad”, expone José María Puelles. “Los acreedores hacen dejación de su labor y torpedean y desprestigian a la Ley de Segunda Oportunidad con generalizaciones y exageraciones”, concluye el letrado.

Según los datos que maneja Puelles, la tasa de fraude en nuestro país puede calificarse de marginal en comparación con otros países de nuestro entorno.