El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María tendrá que abonar 169.636 euros a raíz de un fallo judicial por 14 denuncias cursadas a consecuencia de la aplicación de los Planes de Empleo a los que se acogió el anterior equipo de gobierno, durante la Alcaldía de David de la Encina.

Esa cantidad, según indica el PP, "se añade al pago de otras demandas ya recibidas por el mismo motivo, a las que el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente, por no haber aplicado el Convenio Colectivo por el que se rige la administración local en los contratos, y que ahora la justicia ha entendido que se trata de un caso de discriminación hacia los trabajadores que entraron a formar parte de la plantilla municipal de manera temporal”.

El secretario del PP de El Puerto, Javier Bello, ha criticado que "este es el legado del ex alcalde, cuya incapacidad todavía está azotando en las arcas municipales y que podría tener nuevas demandas y sentencias en camino”.

Para el portavoz de gobierno del PP "lo más increíble es que, aún sabiéndolo, arremetió contra Germán Beardo, que renunció a adherirse al Plan Aire mientras no se modificaran las condiciones que eran similares, por responsabilidad con El Puerto y los portuenses. Crítica que tuvo que soportar de David de la Encina, que es el único responsable de que hoy sigamos pagando todos los portuenses su incapacidad manifiesta”.

En relación a estos Planes de Empleo, señala Bello, “El Puerto podría verse en la tesitura de tener que abonar casi dos millones de euros, si las 175 personas que fueron contratadas a través del Plan Empleo de la Junta de Andalucía, siendo Susana Díaz presidenta, deciden denunciar”.

El monto de casi 170.000 euros -cuya sentencia ha llegado recientemente- corresponde sólo a 14 personas, “por tanto haciendo una media a la baja de 10.000 euros por demanda, la ciudad podría enfrentarse a tener que pagar una indemnización de 1.750.000 euros, aproximadamente, por sentencia judicial, más los gastos de demora”.

Bello reprocha a David de la Encina que "la base de la política local defiende que los intereses de la ciudad tienen que estar por encima de las siglas políticas cuando uno gobierna. Prioridad básica que ha obviado con este asunto, con el agravio económico que ahora los ciudadanos están pagando”.