La asociación de amas de casa Virgen de los Milagros de El Puerto de Santa María está a punto de desaparecer, después de más de 30 años de intensa actividad. El motivo, la falta de subvenciones del Ayuntamiento y la gota que ha colmado el vaso, el apercibimiento recibido para el desalojo urgente de un local que el equipo de gobierno les había cedido en precario, sin ninguna documentación de por medio.

La asociación, que  para muchas mujeres ha supuesto a lo largo de estos años una vía de escape fomentando las relaciones sociales y la formación en diferentes materias,  tuvo su sede durante muchos años en el número 28 de la calle Santo Domingo, llegando a contar con más de 180 socias.

Durante ese tiempo era la propia asociación la que corría con los gastos del alquiler, pero porque recibían una subvención anual del Ayuntamiento que hasta 2017 venía siendo de 2.000 euros anuales. Con ese dinero pagaban el alquiler, la luz y poco más, pero tenían una sede en la que realizaban actividades diarias y que contaban con una gran aceptación.

El problema, como para muchos otros colectivos portuenses, comenzó en 2018 con el corte de las subvenciones municipales, que desde esa fecha no percibe prácticamente ningún colectivo ciudadano, por problemas burocráticos del Ayuntamiento. Las cuotas de las socias no daban para poder seguir con el alquiler del local, ya que muchas de ellas son mujeres con escasos recursos, y tuvieron que dejarlo, con el problema añadido de tener que llevarse todos los enseres de la entidad, entre otras cosas sillas, vajillas y algunos muebles.

Así las cosas la asociación acudió al equipo de gobierno, dos de cuyos concejales se tomaron mucho interés al principio y ofrecieron a la entidad la posibilidad de utilizar el  antiguo local de la Cruz Roja en la avenida Micaela Aramburu, que  llevaba años sin uso, dándoles permiso verbal para que lo adecentaran. Eso sí, esta cesión verbal no vino acompañada de ningún documento, de manera que ni siquiera pudieron contratar la luz del local. A pesar de ello las socias destinaron cerca de 2.000 euros a pintar el local, adecentando incluso la fachada.

Ahora, cuando estaban ya deseando retomar la actividad tras la pandemia, se han encontrado con un decreto municipal, del área de Patrimonio, que les acusa de estar usurpando este espacio y les da diez días para abandonarlo.

El disgusto ha sido grande en el colectivo, cuya presidenta, Ángeles Vaz, ha dimitido, y ahora no se sabe muy bien qué va a pasar con la asociación ni a dónde irán a parar sus pertenencias, cuando tengan que abandonar el local.

Una veterana socia de la entidad lamenta mucho esta situación, en declaraciones a este periódico, ya que como recuerda "a muchas mujeres esto les daba la vida, había algunas que venían todos los días de la semana, les daba un motivo para arreglarse y salir de casa".

De momento el futuro de la entidad se presenta incierto, aunque sus integrantes aún confían en que a última hora alguien pueda ofrecer una solución de futuro, al menos para albergar los enseres y poder pensar en una nueva vía para continuar con sus actividades.