El propietario de una empresa de gestión de residuos ubicada en el polígono de Las Salinas de San José reclama al Ayuntamiento de El Puerto que ejecute de una vez y de forma subsidiaria  la retirada de una valle ilegal que lleva ya instalada más de seis años en la calle en la que se encuentran sus instalaciones, y que le está perjudicando para la entrada y salida de camiones al recinto de su propiedad. En concreto la valla se ubica entre las calles Afluente y Ensenada del citado polígono municipal.

Los hechos se remontan al año 2016, cuando la empresa Horsamy instaló  un cerramiento realizado con tubos y malla metálica  con una autorización para obra menor que ha sido anulada hasta tres veces en diferentes juzgados, primero en El Puerto, después en Cádiz y finalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya en 2021.

Tras la primera denuncia presentada ante el Juzgado portuense en 2016 el denunciante obtuvo una sentencia favorable, pero la empresa demandada recurrió. La segunda sentencia también fue favorable para el denunciante, tras lo que se presentó un recurso de apelación ante el TSJA que también se saldó a favor del denunciante.

Tras esta última sentencia, en noviembre de 2021 el Ayuntamiento portuense dictó una resolución por la que se ordenaba a Horsamy a demoler  de inmediato el cerramiento construido fuera de la legalidad, dándosele entonces un mes de plazo y advirtiendo que de lo contrario, los trabajos se ejecutarían de forma subsidiaria. La empresa no lo hizo y casi un año después, en septiembre de 2022, el Ayuntamiento realizó un presupuesto para la ejecución de los trabajos, al que la empresa presentó alegaciones solicitando un plazo de seis meses para desmontar el cerramiento.  Esta solicitud fue desestimada por el Ayuntamiento,  de manera que se notificó a la empresa la ejecución subsidiaria de la demolición.

Sin embargo, han pasado ya más de tres meses desde esa última notificación y la polémica valla sigue en su lugar, perjudicando a diario a la flota de camiones de la empresa de gestión ambiental.

El propietario de la empresa afectada, Gonzalo Ganaza Sánchez, pide al Ayuntamiento que de una vez por todas se proceda al restablecimiento de la legalidad. En varias ocasiones ha hablado personalmente con el alcalde, Germán Beardo, sobre este asunto, sin que hasta el momento el primer edil le haya dado una solución.

El empresario afectado no sabe ya qué hacer para que se aplique la ley y ha llegado incluso a dirigir una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, poniéndole al tanto de la situación, aunque de momento sin resultados. "Llevo ya muchos meses esperando y el Ayuntamiento no hace nada  por cumplir la sentencia en firme del Juzgado, a pesar de que he hablado con la teniente de alcalde de Urbanismo, con el señor alcalde en persona, que me dice que no sabe nada de lo que le estoy diciendo. No sé ya lo que hacer, y si no se cumple la sentencia del Juzgado voy a pedir daños y perjuicios. ¿Se puede tener un dirigente de una ciudad que no cumple una sentencia de un juez?", se pregunta.