Once años de espera y un gran perjuicio económico

El caso del empresario portuense Aniceto Gómez Calcerrada, propietario de la firma Fonrecón y Técnicos SLU, ejemplifica a la perfección los perjuicios a los que se han visto sometidos muchos de los empresarios que en su día adquirieron una de las parcelas del polígono Las Salinas de San José Bajo, no como terrenos rústicos a particulares -que es el caso también de otros muchos propietarios- sino como suelo industrial a la propia empresa municipal Impulsa El Puerto.

En el caso de este empresario dedicado al sector de la fontanería, adquirió las tres parcelas a Impulsa el 8 de abril de 2003. En el contrato, firmado por el entonces presidente de Impulsa, José Gijón, y el que fuera consejero delegado en tiempos de IP, Pedro Pablo Lamadrid, se recoge la tipología de los terrenos como de uso industrial especial.

En concreto, el contrato recoge la compra de tres parcelas con una superficie total de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. En el contrato se especificaba que en el momento de la firma se encontraban definitivamente aprobados tanto el correspondiente Plan Parcial (PP-CN-1A) como el proyecto de urbanización de la unidad, estando entonces también aprobado inicialmente por el Ayuntamiento el proyecto de reparcelación 'Salinas de San José Bajo', con un uso principal de los terrenos de carácter industrial.

El propietario de Fonrecón tuvo que abonar un 40% del precio de las parcelas, cuyo coste total ascendía a algo más de 348.000 euros. Aniceto Gómez abonó, en varias aportaciones, un total de 170.000 euros, momento en el que ya supuestamente podía acudir a registrar a su nombre la propiedad, pero no fue así.

A pesar de que efectivamente, y según lo previsto, el proyecto de reparcelación se aprobaba definitivamente el 27 de septiembre de 2003, dos años más tarde, en mayo de 2005, el documento quedaba anulado por la Junta de Gobierno local, tras haber sido rechazado por el Registro de la Propiedad. El motivo, según explican los actuales responsables de Impulsa, fueron las numerosas anomalías que se detectaron en el proceso a la hora de proceder a la inscripción de las fincas: parcelas con propietarios desconocidos, transacciones no formalizadas en documento privado, conflictos entre propietarios colindantes sobre las superficies ocupadas, desconocimiento de los domicilios de notificación de muchos de los propietarios, descuadre entre las superficies recogidas en las compraventas y las reales... Todo ello motivó el rechazo del Registro de la Propiedad al proyecto de reparcelación aprobado, lo que motivó su anulación.

No fue hasta el pasado mes de agosto del año 2012 cuando se sacó adelante un nuevo proyecto de reparcelación, que se encuentra aprobado inicialmente pero que también se enfrenta, de cara a su aprobación definitiva por el pleno, a un sinfín de problemas que sin duda llegarán de la mano de las alegaciones y las dificultades a la hora de las notificaciones.

La intención de Aniceto Gómez a la hora de adquirir estas parcelas era la de construir su nave de productos de saneamiento allí, pero al no poder inscribir su propiedad optó por alquilar unas instalaciones en la carretera de Sanlúcar, que le costaban la friolera de 3.000 euros al mes. Hoy, para poder llegar a registrar a su nombre sus parcelas, una vez se apruebe el nuevo proyecto de reparcelación, tendrá que abonar el resto del precio de compra (180.000 euros), ya que en caso contrario Impulsa se quedará con el 50% de las cantidades ya entregadas. El propietario de Fonrecón, a estas alturas, se siente engañado y desencantado y ya tan solo quiere que le devuelvan su dinero, pero se ve atrapado en un complicado proceso al que no se le ve el final.