Agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional así como de la Unidad Regional de Guardia de Fronteras de Nadwislanski de Polonia, coordinados por Europol, han desarticulado una organización de origen paquistaní dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes con destino a España y otros países europeos. La operación, desarrollada en diferentes provincias, ha deparado varias detenciones en la de Cádiz, en Sanlúcar, El Puerto, Ubrique y otras poblaciones. Dos de los detenidos en Cádiz están relacionados supuestamente con la organización. La mayor parte de los arrestados son inmigrantes.

La red había creado todo un entramado empresarial formado por más de cincuenta establecimientos de comida rápida tipo kebab, donde los inmigrantes eran explotados laboralmente una vez llegaban a España.

La operación se ha saldado con la detención de sus principales miembros, 25 de ellos en España y otros cuatro en Polonia.

Las investigaciones comenzaron cuando los agentes, a raíz de diversas inspecciones realizadas en locales de hostelería de la provincia de Cádiz, detectaron que entre mediados de 2011 y finales de 2012 se había procedido a la apertura de un elevado número de establecimientos de comida rápida tipo kebab en la zona. Todos los locales reunían unas características comunes: la actividad comercial era escasa o nula, eran regentados por ciudadanos de origen paquistaní, y en todos se encontraron empleados trabajando de forma irregular en España.

Con esas premisas, los investigadores empezaron a indagar en profundidad dichos locales y a sus titulares ante la posibilidad de que pudieran estar llevando a cabo algún tipo de actividad delictiva y así, se detectaron tres cadenas distintas de kebabs, que respondían a nombres comerciales distintos pero que estaban vinculadas entre sí por las relaciones que existían entre sus propietarios, que disponían de catorce locales distribuidos por toda la provincia de Cádiz.

A medida que las investigaciones fueron avanzando, los agentes comprobaron que la red de kebabs se extendía también a diversas localidades de las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén. Contaban con más de cincuenta establecimientos dirigidos por diferentes miembros de la organización desarticulada. También se pudo constatar el acercamiento de la red a otro tipo de actividades y fueron detectados locales dedicados a la venta de fruta y verdura en Jerez y Antequera.

La organización había construido un entramado empresarial compuesto por más de treinta sociedades limitadas constituidas con un capital mínimo y vinculadas entre sí por cotitularidad, lo que amparaba su actividad comercial ante organismos estatales de inspección y justificaba la supuesta relación laboral con empleados que, si bien se encontraban de facto trabajando, no estaban regularizados laboralmente ya que se encontraban en España de forma irregular. Los supuestos empleados pagaban a la organización con la finalidad de obtener la documentación necesaria para regularizar su situación en España, con lo cual se encontraban en una situación de total indefensión.