El 1 de julio de 2008 los regidores de El Puerto y Jerez, Enrique Moresco y Pilar Sánchez, suscribieron un convenio para regular el uso que hace el servicio municipal de recogida de residuos de la planta de Las Calandrias. Según el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, aprobado en 1999, El Puerto debe depositar sus basuras en las instalaciones que gestiona la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por Sufi y Verinsur en el entorno de la finca Bolaños y que son propiedad del Consistorio jerezano (aunque tiene encomendada su gestión a la empresa municipal Aguas de Jerez). Antes, el Ayuntamiento recurría a la planta de Miramundo (ubicada en Medina) pero, tras la planificación marcada por el organismo autonómico, comenzó a trabajar con la de Jerez aunque no fue hasta varios años después cuando se firmó el convenio que establecía las condiciones de uso. Entre otros aspectos, en el acuerdo se fijaban los precios por el depósito de los residuos urbanos en la planta, unas tarifas cuya revisión ha generado el enfrentamiento entre la empresa concesionaria de Las Calandrias y el Consistorio portuense. A día de hoy, el uso de esta planta le supone un coste al municipio de unos tres millones de euros al año.

El documento fija un pago mensual por dos conceptos. Por un lado, se deben abonar los servicios generales que presta la planta cuya cuantía es de 311.768,07 euros al mes aunque a esta cifra hay que sumarle el IVA y el IPC acumulado desde 2008. No obstante, el pago de esta cantidad se reparte entre todos los municipios que utilizan Las Calandrias de manera proporcional a las toneladas que depositan (a El Puerto, según el convenio, le corresponde afrontar un 25% aproximadamente de los más de 311.000 euros). Y, por otro lado, hay que pagar la tarifa variable que va en función de los kilos de basura que cada servicio municipal lleva a la planta para su tratamiento. Para ello, en el acuerdo se fijó un precio de 9,8 euros por tonelada tratada (cantidad a la que también se le debe sumar el IVA así como el IPC acumulado desde 2008).

Sin embargo, el Ayuntamiento entiende que una revisión de estos precios debe ser aprobada previamente por el consejo de administración de Aguas de Jerez y no, de "manera unilateral", por parte de la UTE Sufi-Verinsur. Y se basa para hacer esta afirmación en una de las cláusulas del convenio firmado en 2008 que estipula que la revisión de la política de precios corre a cargo de una comisión de seguimiento conformada por representantes del Ayuntamiento jerezano y portuense y que, según el alcalde, Enrique Moresco, no ha llegado ni a constituirse. Por ello, ayer se llegó a calificar de "ilegal" el incremento de precios y se acusó de haber procedido a una revisión "por la cara" por parte de las compañías gestoras de las instalaciones, un hecho que el alcalde aseguró que ha puesto en conocimiento del resto de ayuntamientos afectados. No obstante, el Gobierno local aseguró que no tendría inconvenientes en abonar los nuevos precios siempre y cuando se aprueben mediante el procedimiento que estipula el acuerdo y se justifiquen convenientemente.

En cambio, según la empresa adjudicataria, el cabildo portuense "no admite desde el año 2008 la revisión de precios contractualmente prevista" y "no reconoce una revisión extraordinaria derivada de la negociación colectiva que previamente autorizó". Asimismo advirtió que la ciudad "es el único de los cuatro municipios a los que la UTE trata y da respuesta a sus residuos que diside del reconocimiento del derecho al cobro de unos precios actualizados".

Finalmente, Enrique Moresco aseguró que "va a por todas" contra la empresa y que va a exigir "las máximas responsabilidades por el tremendo daño que está haciendo a la ciudad". Por ello, no dudó en acusar a la empresa de "trato vejatorio e injustificado" así como de mantener una "actitud chulesca" con el Ayuntamiento.