Sólo el 2,52% de los 1,6 millones de contratos iniciados en el mes de marzo se firmaron gracias a una oferta de empleo realizada a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Según los datos del organismo, el pasado mes se produjeron 1,6 millones de colocaciones en un puesto de trabajo -cifra que responde a los contratos iniciados en dicho periodo-, pero solo 40.567 de esas colocaciones fueron producto de una oferta realizada a través del servicio público de empleo.

La proporción, ese 2,52%, es similar a la del resto de meses: fue del 2,38% en febrero, del 2,72% en marzo de 2022 y del 2,59% en el mismo mes de 2019, y durante 2020 y 2021, años muy influidos por la pandemia, el porcentaje llegó a caer algo por debajo del 2%. En este contexto, en el que solo un porcentaje marginal de los trabajadores encuentra empleo mediante el servicio público estatal, tanto el sindicato UGT como la patronal han puesto sobre la mesa la posibilidad de que aquellos que rechacen un empleo dejen de percibir prestaciones públicas.

Según se puede leer en la propia web del SEPE, el antiguo Inem, un beneficiario de prestaciones está obligado a "buscar activamente empleo" y rechazar una oferta "adecuada" o un curso de formación sin causa justificada se sanciona con la pérdida de la prestación tres meses la primera vez, seis meses si se reincide una segunda vez y con la extinción de la prestación si hay una tercera vez.

Dada la baja proporción de trabajadores que acceden a un empleo a través de una oferta del SEPE, aquellos que causan baja como demandantes de empleo por "otras causas" -que incluye a quienes se les retira una prestación por rechazar una oferta- no alcanzaron en marzo ni el 10% (unas 80.000 personas).

Fuentes del Ministerio de Trabajo indicaron que no es posible desgranar cuántos fueron dados de baja por el rechazo de alguna oferta de empleo o formación.

"La normativa actual no funciona", denuncia en vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, para quien el mercado laboral presenta dos problemas fundamentales: falta de mano de obra en diferentes sectores y la incompatibilidad entre cobrar ayudas públicas y trabajar, lo que, asegura, fomenta la economía sumergida.

Amor pone como ejemplo el régimen del hogar, donde, afirma, hay a quienes les ofrecen un contrato de trabajo "y dicen que no les interesa porque están cobrando una ayuda" que tendrían que rechazar en caso de aceptar la oferta de empleo. "Es absurdo que no se pueda hacer compatible una ayuda con un puesto de trabajo. Eso fomenta la economía sumergida, porque hay gente que prefiere trabajar sin contrato para no perder la ayuda. Esto hay que solucionarlo", resume Amor.

Aunque reconoce que la intermediación del SEPE en las ofertas de trabajo es "prácticamente nula", el presidente de ATA se reafirma en la idea de que habría que retirar cualquier tipo de prestación o ayuda a aquellos que rechacen una oferta de empleo porque "lo que no puede ser es que una persona renuncie a un puesto de trabajo porque le sea más cómodo estar cobrando una ayuda".

"Una persona que rechaza una oferta de trabajo (...), si está recibiendo un subsidio público, ya sea de desempleo, ya sea mínimo vital, yo creo que el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no", reflexionaba el pasado mes de marzo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Solo un día después, tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el secretario general de CCOO, Unai Sordo, rechazaron el planteamiento del líder ugetista.

Sordo desvinculó el problema del paro con el rechazo de ofertas de empleo por percibir ayudas, algo que considera "un mito urbano", y afirmó que el problema es que se ofertan muchos empleos "con salarios bajos" y que "los servicios de empleo intermedian en muy pocas ocasiones las ofertas de empleo".