Las resoluciones judiciales de la pasada semana, que han determinado que devolver el piso hipotecado es suficiente para saldar la deuda con el banco, han abierto el debate. Los consumidores claman por reformar la ley, y los bancos advierten que esto podría endurecer la concesión de los créditos.

Primero fue la Audiencia de Navarra la que consideró suficiente que el banco se quedara con el piso para considerar saldada la deuda. Después un juzgado de Barcelona estimó liquidadas las deudas pendientes de una pareja de jubilados en concurso de acreedores, después de que no consiguieran cubrir todos los pagos con la venta de su piso. El BBVA, la entidad afectada por el fallo de la Audiencia de Navarra, recurrirá la decisión, tras incidir en que el banco se ha limitó a cumplir la ley. En España, ante el impago de una hipoteca, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite a las entidades financieras subastar la vivienda y solicitar el embargo sobre las otras propiedades del deudor, como vehículos o nóminas.

Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Consejo General del Poder Judicial ha contabilizado más de 230.000 ejecuciones hipotecarias por impago entre 2007 y el primer semestre de 2010.

Éste es el caso de Marisa, divorciada, en paro y con tres hijos, dos de ellos con discapacidad. Firmó una hipoteca de 268.000 euros para adquirir una vivienda tasada en 384.000 euros. Al perder su empleo, pidió refinanciar la deuda, pero la entidad se negó, y Marisa no pudo seguir pagando. En octubre, su casa salió a subasta por el 56% de su valor, por lo que el banco aún reclama 133.000 euros, entre lo que le resta por pagar y las costas e intereses. La Plataforma cree que el fallo de Navarra es extrapolable a la mayoría de los procesos abiertos, como el de Marisa.

Los partidarios de la reforma apuntan hacia los modelos de otros países, como EEUU, donde funciona la "dación por pago", es decir, que al devolver la vivienda al banco queda saldada la deuda. Sin embargo, los contrarios a la reforma argumentan que la eliminación de la doble garantía provocaría un encarecimiento de los créditos porque las entidades financieras ya no sentirían confianza en recuperar el dinero prestado.