LA amplia mayoría electoral conseguida por el Partido Popular en las pasadas elecciones andaluzas debería inaugurar una nueva etapa en la política económica de la comunidad. Ya sabemos que el presidente electo quiere gobernar desde la moderación y el diálogo. Ahora necesitamos saber en qué dirección. Pues más allá de las 426 páginas de su programa electoral, con cientos de propuestas de variada precisión, se requiere una visión global de dónde se encuentra la comunidad y cómo abordar sus principales retos. Con el respaldo de una mayoría absoluta, se ha acabado el tiempo de los eslóganes de baja profundidad (“recaudamos más porque bajamos impuestos”) y de dilatar reformas de fondo, tan olvidadas como necesarias.

Conviene saber primero dónde nos encontramos. Andalucía es una autonomía que lleva décadas por debajo del 80% del PIB per cápita medio de España. Hay años en los que crecemos más que los demás pero otros en los que el retroceso es más intenso en nuestra comunidad. Y cuando este crecimiento se expresa por habitante siempre nos quedamos topados por debajo de ese 80%. Nuestro crecimiento, además, no es intensivo sino que lo conseguimos sudando la camiseta al poner a más gente y máquinas a producir, en lugar de avanzar en que unos y otras sean más productivas. De esta forma alternativa, la creación de empleo y el aumento de la inversión no serían tan cíclicas ni dependerían tanto de factores fuera de nuestro alcance, como el clima o los flujos internacionales de turismo por motivos geopolíticos.

El modelo de crecimiento andaluz lleva años agotando las rentabilidades decrecientes de activos tradicionales, sean viviendas, hoteles, infraestructuras o maquinaria de transporte, por citar algunos. Cuando las cosas se tuercen, se reducen las cantidades usadas de capital y las rentabilidades de estos activos vuelven a crecer, iniciando una nueva etapa expansiva en una versión económica del mito de Sísifo.

Pero Andalucía no ha dedicado suficiente esfuerzo a la innovación, el capital humano o la investigación y el desarrollo tecnológico. Esto no quiere decir, por supuesto, que no existan en nuestra comunidad ejemplos de actividades avanzadas, de alto valor añadido y concentradas en sectores innovadores. Incluso cuando se las compara con las existentes en otras autonomías, estas empresas andaluzas mantienen semejante intensidad inversora en I+D o uso de tecnologías de la información y la comunicación. El problema reside en que son muy pocas comparadas con la densidad que alcanzan en el conjunto de España, que tampoco es para lanzar cohetes en una comparativa internacional, dicho sea de paso.

Este modelo productivo andaluz no se cambia por decreto. Deben ser los trabajadores y empresarios quienes, convencidos de la rentabilidad de invertir en determinados activos, apuesten por la formación de calidad, la inversión en capital tecnológico o el valor de los intangibles. Y los gobiernos, en general, no están en condiciones de precisar en qué sectores o actividades se deben concentrar esas inversiones. Pero sí pueden posibilitar el que las rentabilidades potenciales de los activos que se mueven entre alternativas sean atractivas.

No estamos hablando de edificios o polígonos industriales sino de formación universitaria de calidad, investigación científica de vanguardia o conexión con redes internacionales de servicios avanzados a las empresas. Todas ellas son inversiones no sometidas a los rendimientos decrecientes de los activos tradicionales en los que suele invertir la economía andaluza. Más bien al contrario, las fuerzas del crecimiento endógeno convierten a estos activos en más rentables conforme aumenta su cantidad y difusión, en una especie de círculo virtuoso que debe animarse.

Si ése es el objetivo, qué políticas económicas serían las adecuadas en esta nueva legislatura. De entrada, debe entenderse que las políticas de oferta basadas en crecimiento endógeno no son redistributivas; para esos están los impuestos y el gasto social, si se usan bien, claro. Así que no pretendamos un café para todos y repartido buscando satisfacer a grupos de interés o territorios. No obstante, una discriminación positiva a favor de la acumulación de determinados activos no significa deteriorar las condiciones generalistas de inversión en sectores tradicionales que, por otra parte, también pueden aprovechar los vientos reformistas.

No es éste el lugar adecuado para precisar detalles de diseño y aplicación pero no me resisto a comentar iniciativas de política universitaria –la más cercana a mi ámbito profesional– que estarían alineadas con las ideas arriba expuestas. Primera, nuevo mapa de titulaciones; para empezar se podría ir desempolvando el estudio que la Airef hizo al respecto para la Junta de Andalucía. Segunda, y relacionada con la anterior, revisión del modelo de financiación universitaria, que necesita objetivos y financiación claros. Tercera, eliminación de trabas burocráticas en la gestión administrativa de la investigación; parece una cuestión menor pero les aseguro que marca la diferencia entre las buenas y las malas universidades. Y así podríamos seguir…

Estos ejemplos no son originales sino que están extraídos del programa electoral Juanma Presidente. Sea bienvenida la voluntad del presidente electo por gobernar con moderación y diálogo. Pero no debe olvidar una de sus máximas responsabilidades: gobernar una comunidad con enormes retos económicos y sociales. Dejando de lado el maquillaje político habrá que remangarse con las reformas que necesitamos y estar dispuesto a pagar el precio que suelen conllevar. Y si se explican con honestidad los andaluces se lo agradecerán.