El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció ayer que el Gobierno ha ordenado al Banco de España "un especial seguimiento para que se aplique la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusula suelo". Durante su intervención en la segunda jornada del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), que se celebra hasta el viernes en Santander, De Guindos insistió en que el fallo "está para cumplirlo", y argumentó que aunque sólo vincula directamente a las entidades demandadas, "existe la posibilidad de extenderlo al resto porque sienta jurisprudencia".

Además, el Gobierno quiere que el Banco de España verifique que su eliminación no supone la exigencia "de contraprestaciones" por parte de las entidades. A juicio del ministro de Economía, "el problema con las cláusulas suelo ha sido la opacidad con la que se incluyeron en los contratos". "En la nueva Ley de Deudores Hipotecarios, se obliga a que haya un reconocimiento de forma manuscrita de estas cláusulas", recordó el ministro, que subrayó que al igual que ocurrió con las preferentes, no es un problema de legalidad, "sino de a quién se comercializó".

La orden del Ministerio de Economía al Banco de España responde a un incremento de la transparencia del sector financiero, que es uno de los factores que está contribuyendo a "la corrección de los desequilibrios macroeconómicos de España". En este sentido, De Guindos coincidió con el titular de Hacienda, Cristóbal Montero, que anunció 24 horas antes que el segundo trimestre está suponiendo "un punto de inflexión". "En este segundo trimestre, la economía está dejando atrás la recesión", aseguró el ministro de Economía, que pronosticó que el crecimiento "estará más cerca del 0% que del -0,5% del primer trimestre".

Aunque rehusó calificarlos como "brotes verdes", De Guindos sí que avanzó algunos indicadores que avalan cierta mejoría en la economía. Entre ellos, la evolución de las exportaciones, que avanzaron "en términos reales" un 17% en el mes de abril, y un 8% en los cuatro primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Al igual que Montoro, aludió al comportamiento positivo de la balanza de pagos, y aseguró que la previsión del Gobierno para este año, que avanza un superávit del 2%, "se va a superar".

La corrección de la balanza de pagos es consecuencia tanto del alza de las exportaciones como del fuerte desendeudamiento de la economía española, por el desapalancamiento del sector inmobiliario y la construcción. "El crédito de ambos ha pasado de suponer al 50% al 36% del total", aseguró para insistir en que este proceso se tiene que combinar "con la disponibilidad de financiación al resto de las actividades económicas".

Según De Guindos, la recuperación depende tanto del cumplimiento del Plan Nacional de Reformas del Gobierno para "flexibilizar los mercados de bienes y servicios" como del compromiso de la UE por la estabilidad del euro. En ese sentido, vio posible que el Eurogrupo del jueves alcance un acuerdo para la recapitalización directa de la banca por el Fondo de Rescate Europeo (MEDE).

El ministro insistió ayer en que el Gobierno cuenta con cinco años de plazo para privatizar Novacaixagalicia y Catalunyabanc, entidades nacionalizadas por el FROB. "La intención del Gobierno es maximizar su valor. Desde luego, lo que no vamos a hacer es malvenderlas", insistió De Guindos, que no rechazó la posibilidad de pedir más fondos del rescate europeo. "El MOU se agota en 18 meses y el plazo cumple a principios de enero", afirmó De Guindos, que recordó también que las condiciones de la economía española son hoy diferentes a las que presentaba cuando se firmó el rescate hace un año. "El programa de asistencia financiera se produjo cuando había enormes incertidumbres sobre la situación del sistema financiero y el acceso del Tesoro a los mercados. Hoy la situación es radicalmente diferente", subrayó. El ministro cuantificó en 10.000 millones de euros la dotación máxima que la banca tendrá que provisionar en los próximos dos ejercicios por los créditos refinanciados, lo que supondrá unas necesidades extra de capital de unos 2.000 millones. Sin embargo, consideró que las entidades no necesitarán nuevas ayudas, aunque recordó que el FROB cuenta con 10.000 millones de euros de liquidez y tiene acceso a los mercados.