LO relevante no era el aplazamiento del referéndum catalán, sino las compensaciones que Pedro Sánchez estaba dispuesto a conceder para conseguir el apoyo de los independentistas a su proyecto de Gobierno alternativo. En una negociación de las denominadas suma cero, en las que si uno gana el otro pierde, es normal que la aceptación del perdedor dé lugar a compensaciones. Si la pretensión socialista hubiese dado sus frutos -es decir, si hubiesen conseguido su apoyo para formar Gobierno y la renuncia, al menos temporalmente, a seguir adelante con la hoja de ruta soberanista-, es lógico que el nacionalismo catalán, el evidente perdedor, hubiese exigido compensaciones de segunda ronda: "Aceptamos, pero exigimos algo a cambio". Esta parte de la negociación, que, según todos los indicios, ha existido, es precisamente la que ha estado secuestrada al público en general y al militante de base en particular, obviamente, por el riesgo de herir gravemente algunos intereses, entre ellos el de los andaluces.

Es de suponer que al menos una parte de los independentistas, los del nuevo Partido Demócrata Catalán, podrían haber accedido a la demanda socialista exigiendo a cambio la consideración de la demanda de pacto fiscal que en 2012 planteó Artur Mas a Mariano Rajoy y que a la postre terminaría provocando la caída al abismo del político catalán, la desaparición de su partido y el actual conflicto entre Cataluña y el Estado.

Básicamente, se trata de una forma de regulación singular de las relaciones fiscales entre el Estado y una comunidad autónoma, como en la actualidad ocurre con el País Vasco y Navarra, que siempre se traduce en privilegios para la segunda y en perjuicios para el resto. Una opción que choca frontalmente contra la defensa numantina del principio de igualdad por parte del Partido Popular y la presidenta de la Junta de Andalucía, aunque de forma algo más tangencial contra el confuso modelo de federalismo asimétrico de la época de Zapatero.

Tras la colisión socialista del pasado fin de semana, la equidad parece ganar en firmeza como principio conductor de las relaciones entre el estado y las autonomías, aunque todavía quedan algunas bazas por jugar, con los intereses de los andaluces en primera fila. Las incomprensibles largas de Montoro al nuevo modelo de financiación autonómica durante todo 2015, con la complacencia del resto de los partidos, solo se entiende por la inconveniencia de introducir en un año electoral tan complejo el tema de la ordinalidad que defienden en Cataluña como guía del futuro modelo, por incluso encima de la equidad.

El principio de ordinalidad establece que el gasto público por habitante en una comunidad no puede ser superior que en otra donde la recaudación por habitante haya sido mayor.

No se quiebra la equidad, dicen algunos, sobre todo en Cataluña, pero la realidad es que extremeños y andaluces estaríamos condenados a recibir servicios públicos de peor calidad por el simple hecho de ser más pobres. Es de suponer que la Junta de Andalucía tendrá preparado su arsenal defensivo contra esta agresión, que ya en 2013 el PSOE se planteó adoptar como propia.