El director de coyuntura y estadística de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), Ángel Laborda, ha asegurado que las administraciones públicas cerraron el año 2012 con un déficit público del 7,3% -sin tener en cuenta las ayudas a la banca-, un punto por encima del objetivo del 6,3% que había pactado el Gobierno con Bruselas. En el último número de 'Cuadernos de información económica', Laborda explica que la reducción del déficit respecto a 2011 (de 1,7 puntos) se realizó a través de un aumento de los ingresos de medio punto porcentual y de una disminución de los gastos de 1,2 puntos.

Dentro del conjunto de las administraciones públicas, Laborda asegura que el Estado cumplió el año pasado su objetivo de acabar el ejercicio con un saldo negativo del 4,5% del PIB, mientras que la Seguridad Social y las comunidades autónomas se desviaron de sus previsiones. Así, la Seguridad Social, que debería haber cerrado el año en equilibrio, podría haber registrado un déficit de unos 9.000 millones (el  0,85% del PIB) por el menor crecimiento de los ingresos, la negativa evolución del empleo y los salarios y un mayor aumento de los gastos derivado del incremento de las pensiones contributivas y las prestaciones por desempleo.

Por su parte, las comunidades autónomas, que tendrían que haber cerrado 2012 con un déficit del 1,5% del PIB, podrían haberse quedado en el 1,9%, cuatro décimas por encima de su objetivo, pero con una reducción del saldo de un punto y medio respecto a 2011. Según este análisis, el esfuerzo de reducción del déficit ha provenido de un ajuste estructural de proporciones sólo comparables al realizado en 1992-1993 en un contexto recesivo, y en 1996-1997, para cumplir los requisitos de Maastrich. Para Laborda, esto indica que en España la política fiscal ha tenido casi siempre un carácter procíclico.

De cara a 2013, Funcas estima que el déficit se situará en el 5,6% del PIB frente al 4,5% que pretende el Ejecutivo debido a la desviación de 2012, que se arrastrará a lo largo de todo el año, y a las previsiones económicas de PIB y empleo, que resultan demasiado "optimistas" y pueden afectar "significativamente" a las previsiones presupuestarias. 

En concreto, este año el Estado registrará un déficit del 3,5%, la Seguridad Social del 1% por la sobreestimación de ingresos en los Presupuestos, las comunidades autónomas del 1% y las entidades locales del 0,1%.

En contra de acelerar el ajuste

En todo caso, Funcas asegura que se habrá conseguido una nueva reducción del déficit público, aunque advierte de que ir más deprisa en este proceso puede acabar perjudicando a la recuperación. "Forzar más la máquina provocaría un impacto restrictivo sobre el crecimiento de la demanda agregada y el empleo, con consecuencias negativas en el proceso de saneamiento del sistema financiero en curso y, a la larga, del propio proceso del consolidación fiscal", señala Laborda.

A su parecer, acelerar más el ritmo de ajuste no ayudaría a recuperar la confianza mientras que existen otras vías que sí ayudarían, desde la mayor implicación de las instituciones europeas hasta reformas estructurales que aseguren la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo, aunque los resultados a corto no sean tan notables.

En cuanto al déficit estructural primario (saldo sin intereses y sin ayudas a la banca ajustado cíclicamente) mejorará unos 4 puntos en 2013, cifra similar a la de 2012. Si se cumplen estas previsiones, el ajuste habrá sido "muy importante" y permitiría moderar el ritmo a partir de 2014 con el fin de minimizar el impacto del ajuste sobre el crecimiento de la economía.

El ajuste restante, según Laborda, debería evitar subidas significativas de impuestos (aunque queda margen en los medioambientales y los especiales) y basarse en medidas y reformas que hagan sostenible el sistema de pensiones y generen ahorros aumentando la eficiencia en la prestación de servicios públicos y el aparato político-administrativo. Además, ve necesaria una amplia reforma del sistema tributario con el fin de ampliar la base fiscal y reducir el fraude.

Previsión de recaudación sobrevalorada

En otro artículo de la publicación, firmado por los profesores José Félix Sánz y Desiderio Romero y con el título 'Una panorámica de los cuatro paquetes de reformas fiscales implementadas en 2012', se concluye que la recaudación estimada para este año por el incremento de impuestos aprobado por el Gobierno está sobrevalorada en unos 3.000 millones de euros con respecto a los 7.221 millones que contemplan los Presupuestos de 2013 por las subidas del IVA, del IRPF, del Impuesto de Sociedades y de algunos impuestos especiales.

Por su parte, María Ramos Martín y María Miyar Busto analizan las actitudes fiscales de los españoles a partir de diferentes estudios y concluyen que la crisis económica ha hecho empeorar la posición de los ciudadanos ante los impuestos, ya que ha aumentado fuertemente la proporción de personas que los consideran excesivos y que no se cobran justamente. 

Ajustes de las CCAA en 2013

César Cantalapiedra y Carmen López Herrera analizan en otro artículo las líneas presupuestarias de las comunidades autónomas en 2013, que serán muy restrictivas, con una reducción media del gasto del 7%. Dada la limitada capacidad tributaria de las CC.AA., el ajuste deberá producirse fundamentalmente en los gastos, que deberán reducirse en unos 8.000 millones de euros.

Según Funcas, la vía de recortar inversiones está prácticamente agotada después de tres años de ajuste, por lo que los gobiernos deberán trabajar en la reducción de la estructura funcional de sus administraciones (en 2012 solo se han eliminado 198 de los 675 entes y empresas existentes) y en los gastos de personal, por la vía de amortización de puestos y reducción del personal laboral.