El Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación y el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Campiña de Jerez y la Costa Noroeste han mantenido su primera reunión de coordinación para la elaboración del plan de actuación de la Agenda Urbana Sostenible de la Costa Noroeste.

En el encuentro, que se celebró en la institución provincial, también estuvieron representados, con cargos públicos y técnicos, los ayuntamientos de las cuatro localidades que conforman el “área funcional” de este proyecto, a saber, Sanlúcar, Rota, Chipiona y Trebujena.

La vicepresidenta del IEDT, Ana Carrera, y la presidenta del GDR y vicepresidenta tercera de la Diputación, Carmen Collado, explicaron la pretensión de “diseñar un documento que plantee los principales retos” que estos municipios “con intereses comunes y sinergias compartidas” han de “afrontar para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda Urbana de las Naciones Unidas y otras agendas urbanas nacionales, regionales y locales”. La finalidad de esta iniciativa es “implementar actuaciones que mejoren la cohesión social y territorial de un conjunto de localidades que funcionan no como municipios aislados, sino como áreas funcionales”.

Carrera manifestó que “las bases sobre las que se quiere posar esta estrategia a medio plazo son el trabajo desde el consenso para que el resultado tenga un carácter participativo y vivo, y que lo convierta en la agenda de todas y todos, agentes sociales y económicos, instituciones y ciudadanía”. De ahí que el IEDT haya decidido trabajar con el GDR, entidad con la que ha firmado un convenio de colaboración a tal fin.

El programa planteado, que incluye varias fases, arrancará con “el desarrollo de un diagnóstico que sirve para conocer e identificar las necesidades y potencialidades del territorio”. Posteriormente, “ha de definirse el marco estratégico que dé pie a proponer retos alcanzables para implementar las soluciones a las carencias detectadas y con ese trabajo previo, redactar el plan de acción”. El plazo para tener listo este documento expira el 30 de junio.

El citado convenio recoge la elaboración de un informe de diagnóstico y un plan de acción en economía circular que “tiene como objetivo involucrar y sensibilizar al personal de los municipios en el proyecto, así como proporcionar formación previa sobre los conceptos y prácticas de economía circular” con iniciativas como “talleres, sesiones de capacitación o charlas informativas, entre otras actividades”.

Las dos últimas fases programadas oficialmente son “el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación”, y “acciones de difusión que incluyen una jornada final”.