La Junta de Andalucía ha informado que solicitará “una moratoria hasta final de año en el veto europeo de la pesca de arrastre”, actividad económica que afecta a buena parte de la flota de Sanlúcar, entre otros municipios.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión con representantes del sector para “fijar una estrategia de defensa común del sector pesquero andaluz ante la decisión arbitraria adoptada por la Comisión Europea de vedar la actividad pesquera de arrastre en pesquerías del Atlántico, que afecta a Andalucía, especialmente a la flota del Golfo de Cádiz”.

Según ha explicado Crespo, en dicho encuentro “se ha decidido de forma unánime solicitar una moratoria hasta final de año para la entrada en vigor del acto delegado de la Comisión Europea que prohíbe pescar a la flota de fondo en 87 zonas de aguas entre Irlanda y el Golfo de Cádiz por ser lesivo a los intereses de nuestros pescadores, ya que va a impactar directamente sobre 126 barcos y 600 pescadores andaluces, que van a ver mermada su actividad al no poder faenar en caladeros tradicionales de nuestra costa, aunque el perjuicio irá más allá, ya que implicará pérdidas a todo el sector de forma general, así como a los municipios pesqueros y los sectores que viven indirectamente de la pesca”.

Los reunidos han acordado igualmente que la Junta pedirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “los estudios actualizados que ha presentado a la Comisión Europea para poder ejercer también una férrea defensa de nuestro sector”, así como “el respaldo unánime del sector y el Ejecutivo andaluz tanto al resto de comunidades autónomas afectadas como al Gobierno de España en su intención de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para interponer un recurso que consiga frenar este atropello a nuestros pescadores”.

La consejera del área y el sector pesquero andaluz coinciden en asegurar que se trata de “una decisión arbitraria e injusta a sabiendas del daño que va a conllevar esta prohibición, que no ha contado con estudios científicos actualizados ni informes socioeconómicos, tal y como establece el Reglamento de Aguas Profundas de la propia Comisión Europea”.

La Administración autonómica recuerda que la polémica medida comunitaria entrará en vigor, “si no se remedia”, el próximo 9 de octubre.