Creada la Asociación de Acreedores del Grupo JALE

Los acreedores ordinarios de grupo Jale se erigen en asociación para personarse en el concurso de acreedores Un grupo de acreedores ordinarios del Grupo Jale ha decidido constituir la Asociación de Acreedores del Grupo Jale (ADA-Jale) al objeto de "personarse en el concurso de acreedores, conocer su real situación y tomar acción en reclamar sus derechos". En una nota remitida a Europa Press, la Asociación de Acreedores del Grupo Jale, que se ha mostrado "harta de esperar la firma del convenio de acreedores", ha recordado que hace más de seis años y medio tres empresas del Grupo Jale f ... Leer mas: http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-acreedores-ordinarios-grupo-jale-erigen-asociacion-personarse-concurso-acreedores-20141114190552.html (c) 2014 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

EL PUERTO.- El presidente de la Asociación de Acreedores del Grupo Jale (ADA-Jale), Gabriel Amador Castillo, ha solicitado judicialmente en el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Cádiz, que el representante legal del Banco Santander que dirige Ana Patricia Botín O’Shea, acuda a sede judicial a dar explicaciones por los 700 millones de euros supuestamente “evaporados” tras entrar en concurso de acreedores el Grupo Jale hace seis años y medio. Siendo el Banco Santander uno de los administradores concursales. Hay que recordar que el Grupo Jale gestionaba el hotel Duques de Medinaceli y el hotel Monasterio San Miguel, entre otros hoteles en El Puerto de Santa María –y en otros muchos hoteles en Andalucía–, y que acabó convocando concurso de acreedores por no poder afrontar una deuda de unos 380 millones de euros, y que afectó a más de 1.400 acreedores. Retornando al comienzo de su pesadilla, Gabriel Amador recuerda que “hubo una empresa, antes de que se presentara el concurso voluntario de acreedores, que tasó los activos del Grupo Jale en más de 900 millones de euros”. Pero cuando se presentó el concurso, los acreedores concursales tasaron el grupo en 700 millones de euros. A pesar de ese baile de cifras de 200 millones, los acreedores de Jale respiraron por aquel entonces aliviados al conocerse que la deuda total de Jale ascendía a unos 380 millones de euros; y por lo cual podrían cobrar lo que se les debía. Pero pasados seis años y medio, según siempre palabras de Amador Castillo, “lo que ocurrió es que nos encontramos con que ya no hay capital, que se ha evaporado todo y liquidado la empresa”, siendo los máximos responsables de esta gestión los administradores concursales, y entre ellos el Banco Santander. Por lo que los acreedores ordinarios “no hemos cobrado ni un solo euro de lo que se nos debía”, se lamenta el presidente de ADA-Jale. Y no estamos hablando de pequeñas cantidades de dinero lo que hay en juego, ya que por ejemplo el Grupo Jale debe a Gabriel Amador Castillo en torno a 1.2 millones de euros. Que además conocía bien al Grupo por haber trabajado 10 años allí sin ningún problema en los cobros de sus nóminas, y por lo que entiende que presumiblemente “el problema con los acreedores debe venir precisamente originado por los propios administradores concursales”. Para más inri, Amador Castillo denuncia que no solo no han cobrado ni un euro, sino que “tampoco hemos recibido ni una sola explicación al respecto del que se supone era nuestro defensor en el concurso de acreedores”. Y por ello Amador Castillo lo ve claro: “Aquí hay delito, porque o bien los administradores concursales han inflado el valor de la empresa para cobrar honorarios por 700 millones de euros, o bien han malversado o descapitalizado al Grupo Jale”. Es decir, en su opinión, sea como sea hay claros indicios de un delito. Ante este panorama la Asociación de Acreedores del Grupo Jale ha comenzado ya con sus reclamaciones y búsqueda de respuestas. Y para ello han enviado por correo postal, electrónico y burofax al Banco Santander una carta dirigida a la mismímisa Ana Patricia Botín, como presidenta de esta entidad bancaria, “para que en sede judicial su representante legal explique todas las irregularidades que ha habido en el concurso de acreedores”, sentencia Amador Castillo. “Yo ahora mismo en el Banco Santander –y en general en todos los bancos– soy una persona no deseada, e incluso no me dejaron presentar in situ esta carta, tratándome con muy malas formas y diciéndome que quién era yo para pedir explicaciones al Banco Santander”. Algo ilógico, cuando es precisamente el Banco Santander –entre otros administradores– uno de los que presumiblemente debían defender los intereses de los acreedores. Entre las “anormalidades” que esta asociación ha detectado en el desarrollo del concurso y que desea que Banco Santander les explique ha sido que su representante “no solo no se opuso a lo ocurrido, sino que también participó y a veces lideró aquellas actuaciones perjudiciales para el concurso y por lo tanto para nosotros los acreedores, aun a pesar de ser nuestro representante en el concurso”. Una de estas actuaciones anormales pasó porque “los activos de las concursadas fueron valorados por ellos en unos 700 millones de euros que después de pagar las deudas aun quedaría un neto de más de 300 millones de euros”, de forma que los honorarios de los administradores concursales se fijaron en una cifra superior a cuatro millones y medio de euros a cobrar en dos fases iguales, en fase común y en fase de convenio. Además, “casi todos esos honorarios fueron cobrados no por los administradores concursales sino por sociedades mercantiles como si se tratasen de los verdaderos administradores concursales y en lugar de esperar la segunda parte a la fase de convenio se cobraron todo en los primeros 15 meses, a razón de casi 300.000 euros mensuales”, asegura Gabriel Amador Castillo. También el presidente de los acreedores precisa que además de esas presuntas irregularidades los administradores concursales en contra de lo establecido por la Ley Concursal abortaron tres propuestas de convenio encargadas a diferentes consultoras a las que hubo que abonar por ello más de 500.000 euros y que con una sola propuesta se habría alcanzado el Convenio que la Ley Concursal denomina ‘Solución Optima’ del concurso de acreedores, “sin embargo los administradores concursales las bloquearon”. Sea como sea, hasta el momento el Banco Santander no ha dado respuesta ni vía judicial ni ordinaria, y sigue con su política del silencio. Por lo que será la jueza quien en los próximos días atienda o no la petición de los acreedores y decida citar a Ana Patricia Botín (o a un representante legal en su defecto) a dar explicaciones a estos acreedores liderados por Gabriel Amador Castillo, que reconoce que “me han destrozado la vida y hasta me han desahuciado de mi casa”, por no poder hacer frente a los créditos que tuvo que pedir para pagar a todos sus trabajadores y acreedores mientras esos 700 millones se “evaporaron” en manos de unos y de otros.