Antonio Fernández empieza a ejercer de abogado

• 26 feb 2013
• ABC (Sevilla)
• ANTONIO R. VEGA SEVILLA

Fernández se cambia de bando y echa un pulso a la Junta por los despidos del SAE

El principal imputado en los ERE, que ha vuelto a la abogacía, se reúne con exempleados para recurrir sus ceses El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández cambia de bando. Después de veinte años ocupando casi todos los cargos posibles en la cúspide del Gobierno andaluz, el imputado de mayor rango político en el fraude de los ERE vuelve a ejercer la abogacía para asesorar a orientadores despedidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Perfecto conocedor de los entresijos laborales de la Consejería de Empleo, donde se estrenó como viceconsejero de Trabajo y Empleo en 1995, el histórico dirigente del PSOE jerezano pondrá toda su información al servicio de la cruzada judicial que un grupo de exasesores laborales va a emprender contra el organismo autonómico para pedir su readmisión. No en balde, la mayoría de los despedidos empezaron a trabajar para el SAE en 2008, cuando Fernández estaba al mando de la Consejería de Empleo. Varios afectados por los despidos consultados por ABC confirmaron que el pasado miércoles mantuvieron el primer contacto con el exconsejero y Fernando de Pablo, letrado del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, con quienes se reunieron en un despacho de abogados de la calle Capitán Vigueras en la capital sevillana. En la entrevista Fernández avanzó la estrategia legal que pondrán en marcha para impugnar la drástica medida de la Consejería de Antonio Ávila. Ayer el propio Fernando de Pablo confirmó a ABC que él es el que lleva el asunto pero ha pedido a Fernández que le asesore porque «está muy preparado en derecho laboral». ERE encubierto Al parecer, Fernández trató de convencer a un grupo de afectados, vinculados la mayoría de ellos al sindicato CC.OO., de que la extinción de sus contratos fue totalmente irregular y constituye un ERE encubierto. El exconsejero se involucró personalmente en este conflicto laboral, que ha provocado un serio quebradero de cabeza al consejero de Economía, Antonio Ávila. Garantizó que él prestaría asesoramiento legal a los despedidos para presentar una reclamación previa a la demanda contencioso-administrativa contra sus despidos, según los testimonios de asesores presentes en la reunión. La mayoría de los 413 afectados por los despidos, en cambio, se han puesto en manos de otros abogados y los juzgados de lo Social le están dando la razón declarándolos nulos. Según las mismas fuentes, Fernández prestará su apoyo a un grupo de afectados «en la sombra». Puesto que la defensa legal la ejercerá el letrado de Javier Guerrero en el caso ERE, Fernando de Pablo, quien también defendió al Cuco, uno de los implicados en el crimen del Marta del Castillo. De Pablo ha remitido una carta a los exasesores para informarles de los pasos que va a dar «tras la última reunión mantenida y despejadas todas las dudas en relación al asunto de buscar todas las vías posibles para impugnar la decisión de la Consejería». «Finalmente optaremos por interponer cada uno, si bien en escrito agrupado, una reclamación previa a la demanda contencioso-administrativa por vulneración de derechos f undamentales, entre otros, los relativos al proceso debido (expediente colectivo), tutela judicial efectiva, principio de igualdad así como derecho a la negociación», explicó.

Los asesores fueron contratados en 2008 conforme al programa PEMO, financiado por el Estado, que en Andalucía desembocó en el Plan Memta. Sus funciones consistían en ofrecer orientación laboral a desempleados diseñando visitas a empresas y actuar intermediarios para contratar a empleados. Mas, el SAE les encomendó otros cometidos porque ya contaba para esas tareas con personal de la red Andalucía Orienta. Ésta es la razón de que varios juzgados hayan reconocido su condición de indefinidos y rechazado sus despidos en «fraude de ley». Dolido por el trato recibido en los ERE, Fernández tiene oportunidad ahora de ajustar cuentas ( judiciales) con el Gobierno de Griñán. El exconsejero, a quien dirigentes socialistas de Cádiz tildaron de «represaliado político», abandonó en agosto la cárcel, adonde llegó en abril después de un maratoniano interrogatorio ante Alaya. Salió en libertad tras abonar una fianza de 450.000 euros. La magistrada le acusa de diseñar un sistema de ayudas públicas millonarias entregadas de manera discrecional y de cohecho al acogerse a un ERE de la bodega en la que trabajó siendo joven, un expediente que aprobó él mismo.