Vox vuelve a denunciar ante la Fiscalía el contrato de los autobuses urbanos de Chiclana

La formación señala que, “desde el 1 junio de 2019, lleva prestándose este servicio en la ciudad sin contrato”

La anterior denuncia fue archivada

Vox pide que se licite de una vez el nuevo servicio de autobuses de Chiclana

Los concejales de la formación política, en Cádiz.
Los concejales de la formación política, en Cádiz.

Vox Chiclana dio a conocer hoy que ha vuelto a denunciar ante la Fiscalía Provincial “el inusual retraso que experimenta la puesta en marcha del nuevo contrato para el servicio de autobuses urbanos por parte del Ayuntamiento de Chiclana”.

Al respecto, la formación política recordó que, “desde el 1 junio de 2019, lleva prestándose este servicio en la ciudad sin contrato y que, por lo tanto, el Consistorio lleva ya seis años prorrogando la prestación del servicio a la misma empresa, mientras se espera la licitación de un nuevo contrato que no llega”. Y añadió que “en una primera denuncia, fechada el 27 de noviembre de 2023, advirtió sobre un probable delito de prevaricación ante la continuidad de esta empresa y la pasividad del Gobierno Local”.

Posteriormente, apunto que, “si bien entonces la Fiscalía archivó la denuncia, al asegurar que se habían retomado las labores para la nueva licitación, lo cierto es que estos trabajos se iniciaron después de que Vox la formulase. Y también es verdad que luego el equipo de gobierno no tardó en interrumpir dichas tareas una vez se supo que se archivaba”.

El portavoz, Manuel Vela, en compañía del concejal Francisco Palmero, se desplazó a Cádiz para registrar esta segunda denuncia, donde Vela afirmó que “sigue pasando Pleno tras Pleno sin que forme parte del orden del día la necesaria partida presupuestaria para hacer realidad este contrato”. Para añadir que “el estudio de costes del servicio, estimado en unos 2,7 millones de euros, fue aprobado en noviembre de 2024, por lo que, medio año después, lo lógico y normal hubiese sido que el pliego de condiciones ya hubiese pasado por Pleno para su aprobación. Pero para que eso ocurra antes debe existir una partida presupuestaría, tal y como apunta la propia Intervención Municipal en un informe”.

Por este motivo, considera que “es posible que se haya cometido un delito. No tenemos nada en contra de la empresa, pero es lógico sospechar que el alcalde mantiene esta situación por sus propios intereses, que hay intereses creados sobre los que dar explicaciones y que es necesario que arroje certidumbre y transparencia sobre un proceso que se está antojando eterno y oscuro”.

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