La panificadora Butrón ha calificado la huelga de parte de su plantilla como “ilegal” y “minoritaria” y ha negado que exista un conflicto laboral ni un incumplimiento de los derechos laborales de sus trabajadores. Según la empresa, el seguimiento está siendo inferior al 20% y responde a “la exigencia de reincorporar a dos trabajadores que fueron despedidos por la comisión de infracciones muy graves”.

La empresa asegura que, pese al seguimiento minoritario, se ha visto obligada a reducir la producción y a incrementar los costes de sus productos, “lo que unido a la subida de precios de la energía, de los carburantes y de las materias primas” está “poniendo a la empresa en una situación difícil de forma injusta e injustificada”.

La compañía, fundada hace 19 años y con 85 empleados, recuerda que el sindicato convocante, CGT, “carece de implantación en la empresa”, donde la representación de los trabajadores “la ostenta UGT”. Además, según aseguran en escrito, “no ha habido ninguna asamblea de trabajadores para acordar la convocatoria de huelga”.

Por ello, los propietarios de la panificadora aseguran que “no existe conflicto”, ya que “en ningún momento anterior a la convocatoria de huelga se ha planteado por CGT ninguna reclamación ni negociación”.

El sindicato, que inició la huelga el pasado jueves, denunció "las malas condiciones laborales y de trabajo" y "la política de despidos como manera de acallar los problemas". Sin embargo, la compañía asegura que las personas despedidas tuvieron “infracciones laborales muy graves”.