La titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Cádiz, Nuria Orellana, ha emitido un auto por el que declara el concurso voluntario del Cádiz Club de Fútbol, por lo que la entidad cadista conservará las facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones de su patrimonio que hayan de integrarse en el concurso, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención del administrador concursal mediante su autorización o conformidad.

Además, el auto señala que la administración concursal estará integrada por el abogado Pascual Valiente, el economista y auditor de cuentas Pedro Pablo Cañadas y por la entidad Suministradora Eléctrica de Cádiz S.A., como acreedor titular de un crédito que no consta garantizado.

Según el auto, el Cádiz C.F. para pedir de forma voluntaria el concurso de acreedores alega que se encuentra en estado de insolvencia actual porque no puede cumplir regularmente con sus obligaciones. Asimismo, señala que la situación de insolvencia se debe a la disminución de ingresos, entre otras cuestiones por los dos descensos consecutivos a Segunda División B, así como a la compraventa del club, ya que argumenta la entidad que los nuevos gestores realizaron todas las contrataciones que creyeron convenientes en ese momento con una proyección de ingresos y la compra nunca se llegó a producir, dejando a la sociedad en una situación «calamitosa».

La juez considera procedente la declaración de concurso voluntario del Cádiz C.F., por cuanto de la documentación aportada se desprende que no cumple regularmente con sus obligaciones exigibles, demostrada con una lista de acreedores aportada, cuyos créditos, por un importe total de 9.746.123 euros, están en gran parte vencidos, correspondiendo en su mayoría a la temporada 2009-10.