Calle Viva pretende crear una alianza vecinal que ejerza presión a los partidos políticos locales para que limiten la oferta de viviendas con fin turístico mediante una ordenanza municipal. Mientras esto ocurre, pide que se aplique una moratoria en la concesión de licencias y propone una tasa turística u otra por producción de basura industrial que repercuta en la ciudad.

El colectivo ha reunido por primera vez a varios colectivos, entidades y organizaciones, además de a vecinos de la ciudad, en un debate abierto donde se trataron los problemas que generan las viviendas turísticas en la capital gaditana y se propusieron medidas que se pueden tomar para. En el debate se planteó cómo están cambiando los barrios de la ciudad a causa del actual modelo turístico, “que choca con los derechos de la población”.

“La falta de suelo, el alto número de viviendas vacías y las 1.315 viviendas turísticas existentes provocan que la población residente se marche a municipios cercanos u otras ciudades por la imposibilidad de poder vivir en su ciudad, que poco a poco se está convirtiendo en un parque temático”, argumentan.

Ante esta situación, todos los colectivos abogaron por defender a los vecinos frente al impacto del turismo sin control y la expulsión de la población de sus hogares. “Es una realidad que nos estamos quedando sin vecinos y vecinas en los barrios, que los precios del alquiler están subiendo de manera considerable y que no se puede acceder a una vivienda de alquiler anual porque la mayoría está destinada al alquiler de temporada o turístico”, comentan desde Calle Viva.

En el debate abierto, se informó a los colectivos asistentes sobre una serie de propuestas que se presentarán al Ayuntamiento de Cádiz para que las tenga en cuenta de cara a una posible regulación del “boom de las estancias cortas”.Entre estas propuestas, Calle Viva apuesta por “una tasa turística que vaya en beneficio de la ciudad, como ocurre en Cataluña o Balearesm, o que se aplique, como ocurre en Málaga, una tasa de basuras industrial que repercuta en las viviendas con fines turísticos y que ha recaudado ya 226.909,16 euros”.

“Con estas medidas no se pierden turistas –como ocurre en Barcelona– y se beneficia a la ciudadanía, que soporta la actividad turística en diversos proyectos”, dicen. “La tasa turística no es una medida anti-turística ni nuestro colectivo lo es, pero frente a un turismo depredador, apostamos por un modelo turístico de convivencia, inclusivo, que no destruya la ciudad, que defienda a la población, que cree empleo de calidad y que defienda a los trabajadores y trabajadoras”, apuntan.