Cádiz no es Venecia, pero entre quienes viven de alquiler y pretenden seguir haciéndolo, sobre todo en el casco histórico, cunde cada vez más la preocupación por el efecto multiplicador que sobre el precio de los arrendamientos está generando la proliferación de apartamentos turísticos, regulados y no regulados.

Esa preocupación se está transformando poco a poco en rechazo porque cada vez es más difícil encontrar un alquiler digno a un precio asequible. Y algunos inquilinos comienzan a sentirse rodeados de turistas en sus fincas, como especímenes en vías de extinción, que resisten mientras que la casa de arriba, la de enfrente y la de al lado se convierten en máquinas de hacer dinero, de manera que es fácil pensar: “el siguiente soy yo”. A esa amenaza, o al menos incertidumbre, se suman a veces las molestias propias del entra y sale continuo de viajeros o de alguna excursión más jaranera.

En 2016 había unas 200; ahora son 1.066, con un incremento de más de 50 el último mes

A todo esto es a lo que obedece, según la asociación Calle Viva, la “aparición” ayer de un buen número de señales de “peligro, VFT” [vivienda con fines turísticos], pintadas a las puertas de algunos de estos establecimientos de las calles Vea Murguía, Adolfo de Castro y Rosario Cepeda, en el entorno de la Alameda, la Plaza de Viudas y el Obispado.

Desde Calle Viva no reivindican la autoría de las pintadas, pero sí el trasfondo del asunto, para el que demandan una solución urgente. “Esas pintadas son una expresión de la ciudadanía, de los problemas que conllevan las VFT: los vecinos no pueden alquilar y vivir en esta ciudad porque las viviendas se están dedicando al turismo y no al fin social que deben tener, que es servir de hogares dignos y accesibles, también para quienes disponen de menos recursos”, explica Daniel Franco, portavoz de este laboratorio de resistencia ecourbano, que es como se apellida Calle Viva.

Daniel recuerda que si en 2016 había registrados apenas doscientos de estos establecimientos, en el último censo y después de la entrada en vigor de la ley que los regularizó, son ya 1.066. Sólo en el último mes se han añadido 51 y el anterior fueron otras 31.