El Ayuntamiento está estudiando qué medidas adoptar para poner coto a la irrupción cada vez con mayor fuerza de las viviendas de uso turístico en una ciudad donde precisamente el acceso a la vivienda es un problema por la falta de espacio. El primer paso que ya se ha dado en este sentido ha sido la redacción de un completo estudio que muestra la radiografía actual de esta actividad económica; estudio que concluye con una treintena de propuestas de actuación que persiguen dar sostenibilidad espacial, económica y social a este fenómeno.

Las principales propuestas que está barajando el Ayuntamiento serían la limitación del número de viviendas con fines turísticos (VFT) en la ciudad, así como la creación de una tasa que tendrían que aportar los propietarios de esas viviendas.

En líneas generales, la limitación del número de licencias se establecería en el 4% del total de viviendas, aunque luego se propone establecer el límite de no superar el 8% de viviendas turísticas respecto al total de viviendas de cada una de los barrios y demarcaciones en los que queda dividida la ciudad (un total de 31, 14 de ellos en el casco histórico), salvo que la licencia se solicitara para una vivienda adaptada.

En esta limitación de licencias también se contempla un máximo del 10% de viviendas de una nueva promoción que se destinaran a fines turísticos.

Respecto a la tasa, la propuesta que Ibermad ha realizado en el estudio sobre el impacto de las viviendas con fines turísticos en la ciudad plantea que cada propietario abone 350 euros anuales por la actividad de esa vivienda. Dinero que sería directamente destinado a una bolsa municipal de alquiler regulado, para facilitar el acceso a la vivienda residencial, que es en sí otra propuesta vinculada a esta regulación que se busca de la actividad económica que desde 2015 ha irrumpido con fuerza en la ciudad.

Con esta medida, se entiende además que se conseguiría una adaptación positiva de las viviendas con fines turísticos en la ciudad, pues esa actividad contribuiría directamente en solucionar los problemas de vivienda actuales.

Unido a esta tasa para las viviendas turísticas, se propone también la identificación y sanción de aquellas viviendas que estén en modo irregular (no inscritas en el pertinente registro andaluz); sanción que sería compensada con la incorporación de esa vivienda a la bolsa de alquiler regulado.

También llega a plantear el informe presentado el lunes la posibilidad de exigir un acuerdo de la comunidad de vecinos, por mayoría simple, para otorgar la licencia de vivienda con fines turísticos.

Además de estas propuestas destacadas, en el informe que tiene ya el Ayuntamiento en sus manos se plantea la creación de cooperativas de servicios que puedan dedicarse a la gestión de esas viviendas turísticas y que serviría para paliar los problemas de empleo (especialmente del denominado empleo social).

De igual forma, se propone crear una plataforma tecnológica municipal para gestionar y controlar estas viviendas, una oficina dedicada a esta actividad económica, una etiqueta anual para premiar la calidad del servicio de las viviendas que lo consigan.

De mayor calado son otros planteamientos que se incluyen en el estudio, como la revisión del PGOU para que aparezca la regulación sobre las viviendas con fines turísticos; el desarrollo de un Plan Estratégico de Turismo y Comercio; o un servicio de inspección de este tipo de viviendas.

Otro bloque de propuestas destacadas gira en torno a la convivencia de estas viviendas con las residenciales y a la integración de esta nueva actividad económica en la ciudad. Para ello, se plantea el fomento de la convivencia entre los residentes de cada barrio y también con los turistas que usan las viviendas, planteándose la creación de una Mesa de Convivencia de las viviendas con fines turísticos (de la que formarían parte el Ayuntamiento, la Junta, asociaciones de vecinos, hoteleros, consultores, empresarios y otros colectivos).