Cádiz

La tragedia de 1947 le costó a Cádiz 2.120 millones de euros

Una montera en intramuros destrozada por la onda expansiva de la explosión.

Una montera en intramuros destrozada por la onda expansiva de la explosión. / D.C.

Más de 150 personas, muchas de ellas niños, murieron por causa de la explosión que se produjo en la Base de Defensa Submarina del barrio de San Severiano, en la noche del 18 de agosto de 1947. Una pérdida irremplazable, que hundió a muchas familias en un pozo del que no pudieron salir, o tardaron años en volver a la vida, junto a las 5.000 heridos.

La explosión del millar de minas, que se encontraban mal protegidas en uno de los almacenes de la instalación militar, se llevó también por delante a numerosos edificios de la ciudad, viviendas, inmuebles oficiales, propiedades de la iglesia, además de dañar las infraestructuras en una zona de la ciudad que estaba, entonces, en plena urbanización.

Se calcula que unos 2.000 inmuebles de la ciudad sufrieron daños de diversas características. Los que se levantaban en las inmediaciones de la Base resultaron destruidos o muy afectados en su estructura, como pasó con el chalé del general Varela, que hubo de reconstruirse en su totalidad.

En el casco antiguo, la mayor pérdida se produjo en los ventanales de las casas, estallando cristales y hundiéndose muchas las vidrieras que cubrían los patios de las fincas.

Hace apenas unos años aún eran visible las grietas producidas por la explosión en algunos edificios de viviendas.

Las puertas principales de la Catedral cedieron por la onda expansiva de la explosión, que también dañó especialmente el convento de los Dominicos, en la Cuesta de las Calesas.

El Sanatorio Madre de Dios y el hospicio levantados a escasos metros de las instalaciones militares se hundieron, acabando con la vida de decenas de niños y de quienes les cuidaban.

Y el también cercano astillero de Echevarrieta quedó tan dañado que el industrial vasco no pudo asumir los costes de su reparación, lo que llevó al Estado a nacionalizar la factoría naval.

En su último libro sobre esta tragedia, ‘Una catástrofe anunciada. Los papeles secretos de la Explosión de Cádiz’, el principal investigador sobre este suceso, José Antonio Aparicio, ha traslado a euros actuales la cuantificación económica de los daños que según los informes que se trasladaron a las aseguradoras en 1947 supuso la explosión.

En aquel momento se sumaron los daños en las fincas que estaban aseguradas por las compañías del sector, las que no tenían seguro alguno así como los edificios propiedad del Ayuntamiento, la Diputación Provincial, el Ejército, la Junta de Obras del Puerto (la actual Autoridad Portuaria) y la Iglesia.

La cifra que se dio entonces se elevaba a 71.988.714 pesetas. La mayor cantidad se la llevaron las fincas aseguradas sufragadas por las compañías, con 28,4 millones de pesetas, más otros 10 millones de pesetas de la época para aquellas que no tenían seguro.

El coste para el Ministerio del Ejército, en cuanto a infraestructuras, se elevó a 5,8 millones de pesetas; el Ayuntamiento cuantificó los daños en sus propiedades por un valor de 5 millones; la Diputación Provincial elevó los suyos hasta los 4 millones; otros 4,6 lo fueron en inmuebles propiedad de la Iglesia, mientras que la Junta de Obras del Puerto subió a 3,2 millones.

No se reflejan de forma individualizada los destrozos provocados por la explosión en la factoría naval, pero las imágenes de los días siguientes incluyen naves arrasadas, maquinaria inutilizada y algunos de los barcos que estaban en construcción igualmente afectados.

Atendiendo a los incrementos en el IPC a lo largo de estos 75 años, el estudio realizado por Aparicio eleva el coste económico de la tragedia, al valor actual de la moneda, en 2.120 millones de euros.

La cantidad, elevada pues con la misma se financiaría hoy la construcción de cuatro puentes similares al de la Constitución de 1812, refleja en todo caso la magnitud de la catástrofe en el aspecto urbanístico de la ciudad, y cómo ésta pudo haber sido más dañina si no hubiera sido por la configuración del terreno en Bahía Blanca, que paró la onda expansiva, salvando a intramuros pero agravando los daños en esta zona de los extramuros aún en proceso de urbanización.

Y más grave habría sido la tragedia si la urbanización de Puerta Tierra se hubiera acelerado, como era objetivo desde finales de los años 30, cuando el Ayuntamiento dejó en manos de la constructora Ribera y Cía la urbanización de Santa María del Mar y de la propia Bahía Blanca.

Lenta construcción de nuevas viviendas

La recuperación del patrimonio urbano perdido se recuperó con relativa rapidez. Se construyó la nueva sede del Instituto Hidrográfico, a la vez que se alejaban de Cádiz las minas que no habían explotado; la Diputación levantó la nueva sede de la Institución Provincial en los terrenos donde estaba la Casa Cuna; el Ayuntamiento reparó sus edificios aunque algunos de forma más lenta, como pasó con el Museo Iconográfico de las Cortas de Cádiz.

Los pequeños empresarios repararon los escaparates destrozados la noche del 18 de agosto (lo que había llevado a más de uno a estar de guardia durante horas para evitar actos de vandalismo), mientras que poco a poco comenzó la construcción de nuevos chalés en Bahía Blanca.

El mayor retraso se produjo en la construcción de viviendas sociales. Antes de la tragedia, Cádiz ya soportaba un importante déficit de viviendas sociales. Barrios como Santa María, La Merced y La Viña soportaban el colapso de muchas casas, habitadas en un estrecho espacio y sin aseos ni cocinas por varias familias. La infravivienda era lo normal en esta zona de la ciudad, hasta el punto que el Ayuntamiento promovió, en la década de los años 50, el derribo parcial del primero de los barrios, para construir una avenida que conectase con la plaza de San Juan de Dios. Este proyecto no salió adelante porque no había dinero para construir las cientos, miles, de viviendas necesarias para estos realojos.

Tras la Explosión, los planes de vivienda se ejecutaron de forma extraordinariamente lenta. Astilleros, Barriada España, Cerro del Moro, las provisionales y eternas casitas bajas... Una lentitud estatal que provocó un auténtico enfrentamiento dialéctico, y casi físico, entre el alcalde José León de Carranza y las autoridades del ramo.

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