La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a los 13 miembros de una organización criminal que en 2011 estafaron mediante el timo del gas a más de 40 personas en Cádiz y Sevilla.

La semana pasada, los 13 procesados evitaron la celebración del juicio toda vez que admitieron haber timado a sus víctimas –la mayoría de avanzada de edad y algunas incluso enfermas– unos 28.000 en total.

Esta confesión, unida al significativo retraso judicial que ha sufrida la causa –que se remonta casi ocho años atrás–, les sirvió a los ahora condenados para pactar penas mínimas que, en ningún caso, superan los dos años de prisión.

La sentencia ordena la disolución de la empresa Mantenegas Andalucía

Así, 10 de los 13 estafadores no entrarán en la cárcel siempre y cuando abonen en los plazos establecidos las correspondientes indemnizaciones a los damnificados. Sólo uno de los condenados no ha sido beneficiado con la suspensión de la pena de prisión al contar con numerosos antecedentes penales por delitos patrimoniales y por hechos recientes, además de por estar cumpliendo actualmente condena por otro caso en un centro penitenciario. Los otros dos miembros de la banda que restan quedan a la espera de lo que decida el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia cuando esta sentencia, ya firme, se ejecute.

Las indemnizaciones que deben pagar los estafadores a sus víctimas ascienden a la suma total de 28.000 euros. Los timadores no sólo tienen que devolver los cobros efectuados ilegalmente, sino que además deben asumir los gastos de reparación a los que tuvieron que hacer frente muchas familias después de que los falsos operarios –miembros de la banda– manipulasen sus instalaciones de gas de forma incorrecta durante las supuestas revisiones y las dañaran.

La horquilla de las indemnizaciones oscila entre los 50 euros a favor de una vecina de Cádiz y los 5.040 euros que deben ser reintegrados a un matrimonio de Sevilla.

La sentencia impone además la disolución de la empresa Mantenegas Andalucía, S.L, la mercantil creada por el líder de la organización criminal, para el que la Fiscalía solicitaba siete años de prisión.

Por último, todos los miembros de la banda han sido inhabilitados para realizar cualquier tipo de actividad relacionada con la distribución y utilización de combustibles gaseosos.

Tal y como recoge la resolución judicial, los métodos empleados por los estafadores para llevar a cabo el antiguo, y no por ello extinto, timo del gas eran los de siempre: realizar revisiones innecesarias y reparaciones engañosas que, sin embargo, ocasionaban daños en las instalaciones que los particulares después tenían que subsanar; amenazar con el corte del suministro; y advertir falsamente del riesgo de correr un accidente.