La denuncia presentada el pasado 3 de diciembre por Ciudadanos ante el Juzgado de Instrucción es el desenlace de una sospecha que la formación naranja inició en mayo del pasado año. Según se detalla en la denuncia adelantada ayer por este periódico, la “evidencia de que un representante de Ciudadanos se incorporaría al consejo de administración de Cádiz 2012” motivó que David Navarro promoviera una junta general en la que se elevaba “una propuesta de disolución y liquidación” de la empresa. “Esta actitud levantó la sospecha de que hubiera algo irregular en la gestión de los asuntos sociales que se intentase ocultar, y se persiguiera evitar su conocimiento al hacer desaparecer a la sociedad”, afirman en la denuncia los concejales de Ciudadanos.

Ante este motivo se solicitó información sobre las normas de utilización y las tarifas para el uso de los espacios gestionados por Cádiz 2012, que posteriormente ha dado pie a la denuncia. “Se solicitó mediante escrito el 27 de junio de 2018, y la respuesta que se recibió de Navarro fue una evasiva, no facilitando información alguna”, detalla la denuncia, que concreta además que esta respuesta de Navarro se recibió el 20 de agosto, “pese a que desde el día 13 existía ya un informe pormenorizado” elaborado por el gerente para dar respuesta a la solicitud de información formulada por el PSOE.

“Con ello se pone en evidencia la intención de Navarro de ocultar a los legítimos representantes públicos información relevante para el desarrollo de su actividad política”, afirman en la denuncia, añadiendo que a raíz de esta situación “aumentó la sospecha sobre la existencia de irregularidades”.

El siguiente paso, por tanto, fue exigir al gerente de Cádiz 2012 esa información que Navarro no facilitaba. Y refiere la denuncia que el 26 de septiembre se recibió el escrito del gerente “pese a haber sido coaccionado para que no lo hiciera”.

“El contenido de dicho informe unido al de los que elaboraron para el PSOE, permite comprobar cómo el presidente de la sociedad, siendo órgano manifiestamente incompetente, ha venido tomando la decisión de eximir del pago de las tarifas establecidas para el uso de los espacios gestionados por la sociedad a multitud de usuarios, se presume que políticamente afines, actuando de forma absolutamente arbitraria y usurpando funciones que corresponden al consejo de administración, al que ocultó todas estas actuaciones”, asevera la denuncia de Ciudadanos.