"En definitiva, la propiedad se siente atada de pies y manos en este asunto". Es la sentencia de la entidad Dobolo Roa Inmobiliaria S.L., propietaria de la finca situada en la avenida San Severiano, 43, ocupada por doce familias con veinte menores que denunciaron días atrás en este mismo periódico la situación en la que se encuentran.

La entidad ha querido precisar que "con independencia del tema social, la gran perjudicada en este asunto es la propietaria al no poder disponer libremente de su propiedad".

Dobolo Roa Inmobiliaria S.L., afirma que dichas viviendas han estado arrendadas a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), a través de su Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz para destinarlas a realojo, desde el mes de junio de 2001 hasta el pasado mes de mayo. Precisan que en septiembre del año 2012, EPSA comunicó su intención de no renovar el contrato de arrendamiento y de que iría desalojando las viviendas poco a poco. De hecho, señala que, a finales de octubre comenzaron los desalojos hasta el pasado mes de mayo que quedó libre la última vivienda. Afirma, por tanto, que no hay ningún inquilino de la Junta de Andalucía residiendo allí. Así pues, la entidad cuenta que conforme se han ido dejando las viviendas, EPSA ha ido entregando la posesión de las mismas y la propiedad ha ido tapiando las puertas de acceso para evitar precisamente situaciones como las que se están viviendo ahora.

Hasta el momento, y en vista de la situación, ha comenzado a emprender acciones legales. Según la entidad, "el 13 de febrero de 2013 se puso la primera denuncia ante el juzgado de guardia por la ocupación ilegal de una de las viviendas, precisamente el ocupante que aún tiene activo el contador de agua y luz".

La segunda de las denuncias llegó cuando fueron informados por la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de que otra de las viviendas había sido ocupada por unas personas, que según la información que poseen habían accedido de forma ilegal tirando la tapia que cubre la puerta y forzando la misma.

A raíz de las primeras ocupaciones que han tenido lugar en la casa, cuentan que a principios del mes de junio fueron informados de que las restantes diez viviendas, habían sido ocupadas también. Según su versión, los ocupantes habían tirado las tapias de las puertas con mochetas y se habían metido en las mismas. Asunto que conllevó una tercera denuncia.

En total son tres las denuncias que la entidad ha realizado durante este año a raíz de las ocupaciones. Recalca, además, que los denunciantes han hecho enganches ilegales a los servicios de luz y agua y en la azotea han colocado antenas de televisión.

La propiedad del edificio afirma no haber abandonado en ningún momento las viviendas. En primer lugar, declara que los locales comerciales que dan hacia la avenida del Perú, pertenecientes al edificio, están arrendados. Confirma, como se venía diciendo con anterioridad, que las viviendas han estado ocupadas por realojo para EPSA hasta el mes de mayo de 2013.

Sobre el futuro del edificio, ellos confirman que la empresa propietaria tiene intención de acometer obras de reparación integral del edificio porque así lo necesita. Añaden, además, que han recibido requerimientos del Área de Urbanismo del Ayuntamiento acerca del estado de la finca y desdicen, que se vaya a proceder a instalar un geriátrico en San Severiano, 43.

Por todo ello, reitera que con independencia del tema social, la gran perjudicada en este asunto es la propietaria, pues además de no disponer libremente de su propiedad, se le está acarreando perjuicio de toda índole: el Ayuntamiento le requiere de obras de reparación, pero según la entidad no pueden arreglar el edificio porque está ocupado ilegalmente, con los consiguientes peligros para la finca y para las personas físicas que ello conlleva. Según su versión, los ocupantes han forzado las puertas y están tomando la luz y el agua ilegalmente. Por ello ha tenido que poner denuncias ante el Juzgado y ha dado parte a la Policía Local de la situación en la que se encuentra... En definitiva, dicen que la propiedad se siente atada de pies y manos en estos momentos. Mientras, las doce familias siguen reivindicando que alguien atienda a su situación.