Un listado tan amplio como el que incluye el Ayuntamiento de Cádiz a la hora de fijar las normas de convivencia en las viviendas municipales no podría estar completo que no se incluyen sanciones a los infractores.

Las que se consideran como “muy graves” pueden acabar incluso con la "resolución del contrato de arrendamiento (por parte del inquilino), la obligación de la entrega de las llaves y la posesión de la vivienda".

En el caso de actuaciones realizadas por okupas, “se actuará judicialmente para su desalojo”.Como infracciones muy graves se consideran casos como el subarriendo o cesión de la vivienda o de habitaciones de la misma o su utilización como negocio. Igualmente la realización de destrozos graves o reiterados de elementos de las zonas comunes o destrozos en vehículos y propiedades de otros inquilinos.Igualmente irán a la calle quienes cometan conductas delictiva o que hayan dado lugar a denuncias ante la Policía o actuaciones penales.

También comportamientos que atenten contra libertad e idemnidad sexual (exhibicionismo, prostitución, agresiones, acosos sexual), los que puedan ser calificados como de violencia de género, o que afecten psicológicamente de forma grave a cualquier persona inquilina.

También se consideran infracciones muy graves “la comisión de delitos de odio y discriminación, que sean dirigidos contra una persona motivados por un prejuicio basado en la discapacidad, la raza, origen étnico o país de procedencia, la religión o las creencias, la orientación e identidad sexual, la situación de exclusión social o cualquier otra circunstancia o condición social o personal”.