El 86% de las resoluciones que dicta el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en cuanto a las retiradas de incapacidades permanentes o la reducción de su grado después son ratificadas en los juzgados de lo Social. Las revisiones de oficio por parte del INSS, es decir, las que se realizan por parte de la Administración, están un 17% por debajo de la media nacional y un 15% en el caso de Andalucía.

Estos son sólo un par de datos que se irán aportando en esta información que, a juicio del Gobierno central, demuestran que en Cádiz no se está produciendo un aumento de la retirada de las incapacidades o un especial celo a la hora de endurecer el acceso a las mismas.

El subdelegado del Gobierno, José Pacheco, deja muy claro que todas las decisiones sobre incapacidades laborales que se adoptan por parte de la dirección provincial del INSS se hacen en el seno de los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI), que están formados por diversos funcionarios especialistas en la materia a la que pertenecen, además, a diferentes organizaciones. En este sentido, Pacheco subraya que es una decisión colegiada donde está presente un subdirector de Incapacidad permanente, un inspector médico del INSS, otro del SAS, un inspector de Trabajo y funcionario que hace de secretario.

Pacheco deja claro que las comparaciones estadísticas de las resoluciones emitidas por los directores provinciales del INSS, tanto en materia de incapacidades temporales como de las permanentes, “son similares en Cádiz a las que se determinan por los EVIS del resto de las provincias de Andalucía o del resto del país”.

En lo que se refiere a las incapacidades temporales, es decir, las que tienen un máximo de 365 días con una prórroga máxima de otros 180, el porcentaje de altas sobre reconocimientos médicos totales efectuados en la dirección provincial del INSS en Cádiz “es menor que la media nacional”. Según los datos aportados por la propia Subdelegación del Gobierno, en el pasado año 2018 se llevaron a cabo 6.628 reconocimientos por los médicos inspectores de la Unidad Médica del INSS de Cádiz y se acordó declarar 1.028 altas por mejoría, es decir, un 15,5 5 del total. A nivel nacional este dato se eleva al 19,3 %.

Por su parte, en lo que respecta a las incapacidades permanentes, Pacheco reconoce que Cádiz presenta una incidencia de las mismas permanente muy superior a la media nacional y a la propia media de Andalucía.

Si se tira de datos, en 2018 se dieron de alta 5,09 nuevas pensiones de incapacidad permanente en sus diferentes grados por cada mil personas protegidas por el sistema (afiliados más desempleados), cuando esa tasa fue del 4,57 en Andalucía y del 3,82 en el total nacional.

El subdelegado advierte que esto se traduce en que la dirección provincial del INSS de Cádiz ha reconocido un 11,4% más de pensiones de incapacidades permanentes que la media de las otras siete direcciones provinciales del INSS en Andalucía y un 33,2% más que en el resto de direcciones provinciales de España.

Pacheco se refiere a otro detalle en estas estadísticas: “Si ahora nos fijamos en el porcentaje de expedientes de incapacidad permanente que se aprueba en la Dirección Provincial de Cádiz sobre los resueltos, en Cádiz se aprueba un 18% más de solicitudes que en el resto de España”. Si esto se traslada a los primeros cinco meses del presente año, se ha aprobado el 63,69% de las solicitudes, lo que representa un 40% más que la media nacional y un 27% más que en Andalucía.

Hay otro dato curioso y es que las incapacidades aumentan. Este año ya hay 39.427 en la provincia por los 38.888 que había en la misma fecha el año pasado.

Hay que tener en cuenta que cuando alguien tiene una incapacidad permanente, se pueden dar dos tipos de revisiones. Por un lado están las de oficio a instancias de la Administración. Por ejemplo, en muchos casos cuando se da una incapacidad permanente, se establece una fecha de revisión para ver si se ha producido una mejoría, si sigue igual o si ha empeorado la dolencia que fue objeto de la pensión. Las otras son de parte, es decir, las que piden los propios usuarios para tratar de aumentar el grado de incapacidad. Desde el año 2012, que son los datos a los que ha podido acceder este periódico, las de parte superan en mucho a las de oficio. Por ejemplo, en el año 2018 hubo 1.359 de parte y 929 de oficio. No obstante, este año la tendencia ha cambiado.

En España el índice de las revisiones de oficio representan el 2,87%, una cifra casi igual que la que hay en Andalucía. Sin embargo, Cádiz está por debajo de la media ya que las 929 representa sólo un 2,36%. Esto lo que quiere decir, según Pacheco, es que las revisiones de oficio iniciadas por el INSS en Cádiz están un 17% por debajo del total nacional y un 15% con respecto al andaluz.

Tras cada revisión ha y un dictamen: se continúa con el mismo grado de incapacidad, se reduce o se aumenta. En el caso de la Dirección Provincial de Cádiz, ocho casos de cada 100 realizadas se dictaminó recuperada la capacidad laboral. En la comparativa con Andalucía, supone un 32% menos que la media, y un 46% menos con respecto a España: “esto demuestra que hay un número muy inferior de pensiones retiradas finalmente por mejoría del estado invalidante”.

Si se va al total entre las revisiones de oficio y las de parte, de las 1.331 que ha habido este año hasta agosto, 1.023 ratificaron el grado de incapacidad que tenían, lo que representa una mayoría abrumadora sobre las 134 que aumentaron la incapacidad y los 145 que la disminuyeron.

Pacheco asegura que el pico que se ha producido en las revisiones viene dado porque se ha producido un aumento de la plantilla de inspectores del INSS.

El subdelegado incide en que todas estas cifras aportadas en esta información son “similares a los de otras provincias españolas y, en cualquier caso, están por debajo de la media nacional en cuanto a la concesión de altas obligatorias”.

Y deja clara una cosa: “El INSS no realiza en ningún caso indicaciones a los médicos inspectores dirigidas a dotar de mayor o menor rigidez los criterios empleados en la valoración clínica de las incapacidades laborales”. Así, insiste en que es una actuación “sometida a la deontología exigible a todo profesional de la medicina”.