El proceso de modificación del Plan de Ordenación Urbana, para limitar la instalación de piscinas en las azoteas del casco histórico de la ciudad, se está dilatando más de lo previsto ante la carga de trabajo que tienen los técnicos municipales del área de Urbanismo.

La intención del gobierno local es iniciar este proceso antes de que concluya el actual mandado de la Corporación, en mayo de 2023, y tener al menos ya cubierta la consulta pública de esta modificación y su aprobación inicial por parte del pleno. Sería por lo tanto el Ayuntamiento que se forme tras los comicios de 2023 el que cierre este proceso.

Cuando se planteó este proyecto, el año pasado, el Ayuntamiento de Cádiz adelantó que solo se permitiría este equipamiento en los establecimientos hoteleros, no descartando incluso imponer una tasa especial a los privados que tuviesen piscinas en su azotea, reclamando un uso responsable del agua.

Se considera que este equipamiento no forma parte del paisaje de la ciudad de Cádiz, donde hay una vida muy intensa en sus azoteas hasta el punto de que en los últimos años están proliferando áticos cuando se reforman fincas o el propio arreglo de los propietarios creando espacios para el descanso.