La okupa de Marinero en Tierra no logra que le alquilen un piso

Milagros Arzúa, la okupa de Guillén Moreno, no consigue que ningún arrendador le alquile un piso. A dos días de que se cumpla el plazo que el juez le dio para abandonar voluntariamente el inmueble que ocupó en Marinero en Tierra, la gaditana se encuentra, de nuevo, en una complicada tesitura, pues, si bien el Ayuntamiento le ofrece una ayuda económica para pagar el alquiler de un nuevo piso, Milagros no encuentra a ningún arrendador dispuesto a firmar un contrato.

Según Arzúa, el motivo que argumentan los dueños de las más de 15 fincas en las que ha solicitado alojarse "es que el Ayuntamiento es muy mal pagador". A esta posible demora en el abono de las mensualidades hay que añadir el temor de algunos propietarios "a que los ingresos por parte de la administración nunca lleguen".

Así las cosas, la okupa presentó ayer un escrito en las dependencias de los Servicios Sociales de la Barriada de la Paz solicitando que "aplacen el lanzamiento, al menos, hasta el 9 de abril, día en el que se publican las listas de Procasa actualizadas". Un registro en el que Milagros espera ascender de posición -desde el puesto 1.967- una vez que ha aportado la documentación acreditativa que faltaba en su baremación (ser familia numerosa y víctima de violencia de género).

De otra parte, este medio tuvo ayer conocimiento de cuál fue la respuesta del Ayuntamiento al recurso presentado por la defensa de Arzúa. Por un lado, el Consistorio apunta que no se persona en el caso como acusación particular, sino como actor civil, "algo que es imposible en un procedimiento penal", apunta la abogada defensora, Esther Coto. De otro lado, desde el Gobierno municipal dicen "no entrar a valorar la situación social de la demandada puesto que la justicia penal debe limitarse a impartir justicia penal".

Asimismo, en la respuesta del Ayuntamiento al recurso de la defensa se resalta la ayuda económica ofrecida para el alquiler de un inmueble, una ayuda que para Coto "llega tarde, justo después de que el juez ordenase el lanzamiento".

También el Consistorio gaditano entiende que "no se puede hacer demagogia con estos temas" porque, dada la delicada situación económica que atraviesan muchas familias en Cádiz, "el no corregir a tiempo estos presuntos actos delictivos podría conllevar un efecto llamada, que de forma insolidaria y con el mayor desprecio al sistema de baremación ordenado para el acceso a este tipo de viviendas, pondría en grave riesgo la labor social del Ayuntamiento".

Por último, la respuesta especifica que la víctima en este procedimiento, que está viéndose sometido a un juicio paralelo, es el propio Ayuntamiento.