Cuando la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, aún creía en la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812, y estaba dispuesta a invertir millones en Cádiz para su celebración, solo encontró un aliado fiel (más allá del Ayuntamiento, que al final acabó asumiendo todo este proyecto) dispuesto a hablar, colaborar y firmar todos los convenios necesarios para el beneficio de la ciudad: Antonio Ceballos, entonces obispo de la Diócesis.

La Junta planteó el Oratorio de San Felipe como eje central de las celebraciones. Lógico, pues allí fue donde se terminó de elaborar la Constitución del Doce.

El templo se encontraba en un estado de mantenimiento muy delicado. Más aún, cuando comenzaron las obras de rehabilitación se descubrió que el edificio estaba en peor estado de lo esperado, hasta el punto de amenazar ruina si no se hubiera actuado entonces.

Desde el primer momento, Antonio Ceballos y su equipo tuvieron claro que la Iglesia debía participar de forma directa en los fastos del Doce; y no como un mero espectador si no planteando proyectos y ayudando a su ejecución.

Por eso, Ceballos acogió con interés la propuesta de la Junta, que unía también a la recuperación del Oratorio la unión con el colegio de San Felipe y el Museo de las Cortes para su conversión en un gran centro cultural relacionado con la historia del constitucionalismo.

Antonio Ceballos firmó con Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta, y Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia que lideró los pasos iniciales del Bicentenario antes del caos en el que se convirtió la labor de la administración regional, un acuerdo que fijaba la presencia de la Iglesia en el Doce.

La estrella en este convenio era la rehabilitación integral del Oratorio, en la que la Junta invirtió más de 6 millones de euros, recuperando la imagen original del templo; la Iglesia recibió 3 millones extras, entre otras cosas por la cesión del edificio después sería ocupado por el Centro de Interpretación, además de poner sobre la mesa una ambiciosa actuación en la inmensamente rica biblioteca del Seminario Diocesano.

El mayor escollo en esta operación fue la desacralización de San Felipe Neri, un templo al que iban cada día escasos fieles y que tenía en la cercana parroquia de San Antonio su sustituto más lógico. No era la primera vez que la Iglesia se desprendía de un templo (ahí está San Luis en Sevilla, como centro cultural de la Junta), pero esta decisión, en la que estaban de acuerdo el obispo y su equipo, chocó con dureza con la cerrazón de una parte de la Iglesia gaditana, sin interés por el desarrollo de proyectos que iban a beneficiar a la ciudad.

Ceballos acabó muy dolido con estos colectivos, que hicieron fracasar buena parte de la operación. Él mismo lo llegó a reconocer especialmente antes de dejar la Díocesis, “lamentando”la actitud de “quienes deben lealtad”.

Tampoco ayudó la postura obstruccionista de la entonces asociación de padres y madres del colegio de San Felipe, que se negó al cierre de un colegio que hoy sigue adoleciendo de equipamientos adecuados para los alumnos en pleno siglo XXI, y la propia opinión del Ayuntamiento, igualmente contraria al proyecto.

Al final, la ciudad se quedó sin el Centro de Interpretación, mientras que la Iglesia perdió la oportunidad de mejorar sus equipamientos. El final fue el cambio en la Diócesis, que supuso la salida del propio Oratorio de la ruta que se había creado con la apertura del Centro de Interpretación, que quedaba así herido de muerte. (Este centro sigue cerrado desde hace ya unos años. La Junta, ahora en manos del PP, espera que se pueda adjudicar su concesión en los próximos meses para su reapertura, con la esperanza de alcanzar un nuevo acuerdo con la Diócesis para integrar en el recorrido al Oratorio).

La transformación del Hospital de San Juan de Dios en un centro para la tercera edad, costoso y laboralmente complicado, también le costó muchos disgustos.