Un año y diez meses después de que la primera persona en Andalucía pudiera acogerse a la LORE , es decir, casi medio año después de su puesta en marcha en buena parte del territorio español, los andaluces que se quieren acoger a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia siguen encontrando diferentes trabas “desde el mismo comienzo del proceso”. Equipos que se declaran, en colectivo, objetores de conciencia; plazos que se alargan mucho más allá de los 45 días que marca la norma; y dejadez por parte de la Administración, que no ofrece suficiente formación ni información ni a profesionales ni a ciudadanos, son algunos de los obstáculos que señalan los representantes en Cádiz de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) durante este 2 de noviembre, Día Internacional de la Muerte Digna.

De hecho, tanto José María Sáez, presidente de la organización, como el expresidente Daniel Armenta, han intervenido en un caso en Cádiz capital que, finalmente, tuvo que ser atendido por un equipo del hospital de San Fernando “puesto que ni en los centros de salud de la ciudad, ni en el hospital Puerta del Mar, se encontró personal para realizar el proceso que legítimamente pidió este ciudadano”, lamentan.Con todo, y aunque estas (dudosa legalmente) objeciones de conciencia colectivas, “o de conveniencia, que es un término ya extendido para referirse a esto debido a la frecuencia con la que ocurre”, son uno de los principales problemas con los que se topan los ciudadanos que se quieren acoger a la Ley de la Eutanasia en nuestra comunidad autónoma, los representantes de DMD ponen el acento “no tanto en los profesionales médicos sino en la Administración, que es la que tiene que velar por que se cumpla la ley y por dar formación e información a los profesionales y a los ciudadanos, cosa que no está haciendo”.

Nuevo ejemplo, la primera formación oficial que recibieron los profesionales andaluces sobre la LORE “fue en marzo de 2022”, casi un año después de su aprobación, “mientras que en otras comunidades autónomas a sus profesionales se les dio incluso formación previa”, aseguran. “Existe un problema ideológico. El Gobierno autonómico no está a favor de la ley y como, ¡estaría bueno!, no se la puede saltar, sí parece que están haciendo esa práctica que no es nueva de no dotarla de ni un euro, ni siquiera para unas buenas jornadas de formación. Esto está pasando”, se quejan sobre el programa formativo que suele ser “escaso y online”.

La traslación de “este problema de fondo” al cumplimento de este derecho de los ciudadanos es que “la corporación médica no ande, en general, muy por la labor de su aplicación” poniendo obstáculos “desde el mismo inicio del proceso”. Es decir, a la hora de encontrar al, llamado en la ley, “médico responsable”, que es quien tiene que armar el expediente informativo del solicitante que, luego, se someterá a una segunda opinión de un facultativo ajeno al equipo del médico responsable (el médico consultor), y que finalmente llegará a la Comisión andaluza de Garantía de Evaluación de la Eutanasia, que es la que toma la decisión final.

“Pues bien, ya el médico responsable, que aunque no lo obliga la ley, en Andalucía se opta porque sea el médico de familia, es una odisea encontrarlo para estas personas que, no lo olvidemos, tienen un padecimiento insufrible. Además, si este médico se declara objetor de conciencia que, por cierto, debe estar incluido en esos algo más de 800 objetores andaluces que aparecen en el registro oficial que tiene la Junta, tiene la obligación de notificar el caso a su inmediato superior jerárquico para que se asigne lo antes posible a otro médico, y la realidad es que ahí se pierden semanas y semanas”, cuentan.

Pero, además, los que superan este auténtico “cuello de botella” deben enfrentarse a esa segunda búsqueda del médico consultor. “Ahora mismo en Sanlúcar hemos tenido un caso parado muchísimo tiempo en ese paso”, certifican.

El resultado es que de los 45 días totales que máximo marca la ley para la resolución del proceso de eutanasia desde su solicitud, en Andalucía se están alargando (datos oficiales de la Junta de Andalucía) a 81,96 días de media. “Y, encima, tampoco es cierto del todo porque de esa cifra se quitan los expedientes de las personas que han fallecido en el proceso o los que han desistido. Te podemos decir con seguridad que en nuestra comunidad, ahora mismo, el plazo está de 5 a 6 meses”, lamentan.

Sin embargo, desde DMD sí quieren romper una lanza a favor del trabajo de la Comisión andaluza de Garantía de Evaluación de la Eutanasia, el órgano ejecutivo de este proceso formado por juristas y sanitarios, “son casi una treintena”, que se reparten los expedientes de los solicitantes cuando van llegando y que, “independientemente de que las decisiones sean mejores o peores, están haciendo gala de un trato humano e informativo con las personas que ojalá fuera así desde el principio de este proceso que es muy duro”, reconocen Sáez y Armenta. “Te cogen el teléfono, te informan, te contestan, arropan a las personas, sin duda, esta comisión andaluza es lo que mejor funciona en la aplicación de la Ley de la Eutanasia en Andalucía”, deciden.

Una comisión que hasta diciembre de 2022 ha atendido a 52 expedientes, 7 de ellos de la provincia de Cádiz, de las 81 solicitudes que comenzaron el proceso. De esos expedientes, 4 tuvieron resolución favorable por el pleno de la comisión y 28 por consenso entre sanitario y jurista.

Pero para llegar a este final de camino, antes hay que comenzarlo. Y ante estos problemas para encontrar facultativos responsables o que asistan a la aplicación de la ley, la asociación DMD recuerda que en varias comunidades existe la figura de “los referentes”, un grupo de profesionales con experiencia en este proceso bien porque se hayan interesado o formado. “Nosotros estamos formando en Cádiz un grupo, digamos, oficioso y la verdad que estamos bastante contentos porque son gente con trayectoria reconocida”, se alegran.

La posibilidad de incluir la eutanasia dentro del testamento vital

Desde la delegación gaditana de la asociación Derecho a Morir Dignamente recuerdan que desde la aprobación de la Ley de la Eutanasia, este proceso, siempre que la persona así lo quiere, puede ser incluido dentro de la Declaración de Voluntades Anticipada, la que se conoce coloquialmente como el testamento vital.

“La asociación propone una cumplimentación que se puede especificar esta posibilidad”, explican sobre el texto que se puede añadir a este documento donde el ciudadano deja por escrito qué tratamiento desea o rechaza que se le aplique cuando haya perdido la capacidad de tomar decisiones porque su salud se haya deteriorado de forma irreversible. “Y además tenemos la suerte en Cádiz capital que las dos personas encargadas de llevar la tramitación del testamento vital, tanto en el Puerta del Mar como en la delegación de Salud, son extraordinarias”, alaba el presidente de DMD, José María Sáez.

“Sin embargo, los problemas que tenemos con el testamento vital es que sólo lo pueden tramitar una serie de personas que tienen hecha una formación oficial y ese personal no es suficiente en toda la provincia, ni hay suficientes puntos de recogida”, llama la atención Daniel Armenta, expresidente, que como su compañero considera “muy importante” que exista “una mayor información al ciudadano” sobre este documento que ahorrará muchos problemas “y toma de decisiones no siempre agradables para las familias”.