Los monitores de Educación Especial, formalmente llamados PTIS (Técnicos de Integración Social), no consiguen perder de vista su inestabilidad laboral, que viene de lejos, de hace 15 años cuando la Junta externalizó este servicio. Desde entonces la precariedad ha sido la nota predominante en sus vidas laborales en los centros educativos. Ahora, denuncian que no han cobrado la nómina del mes de abril. Juan Andrés Soria, enlace sindical de CCOO, representante de más de 200 monitores afectados en la provincia, explica que “las tres empresas que tienen estos servicios (Samu,Tangram y Al-Alba) dicen que hasta que no reciban el dinero de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), no nos pueden pagar. Que la Junta les pide mucha documentación para librar el dinero y estas empresas no se fían como para adelantarlo”.

Curiosamente, según indica Soria, con el cese de la actividad en los colegios debido al estado de alarma provocado por el coronavirus, “los trabajadores, la mayoría fijos discontinuos que acabamos en junio, creíamos que pasaríamos a un ERTE, pero la Junta nos dijo que no, que seguíamos de alta con nuestro contrato. De hecho, hemos seguido trabajando desde casa con el seguimiento telemático de los chicos y las chicas con los que trabajamos”. Ahora, problemas burocráticos entre las empresas que tienen adjudicado el servicio y la Junta, retrasan el pago de la nómina de abril.

Este sector lleva “muchos años externalizado y siempre con la misma incertidumbre, con empresas distintas”. Esto llevó hace unos meses a este colectivo a movilizarse y ponerse en huelga reclamando la subrogación de sus puestos en la bolsa de trabajo abierta por la Consejería de Educación. “Después de tantos años es hora de que se nos reconozca el tiempo trabajado como a cualquiera que trabaja dependiendo directamente de la Junta”, concluye Soria.