El 24 de septiembre de 2018, la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, inauguró el curso de las universidades andaluzas en Cádiz y ratificó “el apoyo que vamos a prestar al edificio Valcárcel, ligado a la docencia y a la recuperación del patrimonio”.

Meses después, durante la campaña de las elecciones autonómicas, el PP de Juanma Moreno Bonilla, en el Programa Específico para Cádiz dentro del Plan de Infraestructura Educativas, decía textualmente que en caso de victoria “trasladaremos la Facultad de Ciencias de la Educación al Edificio de Valcárcel”.

El miércoles 30 de octubre, durante la celebración del 40 aniversario de la Universidad de Cádiz, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta, Rogelio Velasco, dejó claro, de una manera tan inoportuna como destemplada, que la administración andaluza no contempla en absoluto esa demanda. Es más, dijo no tener “ni siquiera constancia de ella”. Y eso que en julio de 2016 el BOJA publicó la aprobación de una partida de 700.000 euros para el anteproyecto del nuevo centro educativo en Valcárcel, que en diciembre de 2017 Diputación cedió el edificio a la UCA con la condición indispensable de que tuviera uso universitario o que el pasado 10 de abril se presentara el proyecto básico y ejecución de la nueva Facultad de Ciencias de la Educación en Valcárcel.

El consejero llegó a decir durante su intervención que los fondos europeos deben dedicarse a investigación y no a crear aulas. Lo que no dijo entonces Velasco es la ingente cantidad de millones, en torno a 200, que la Junta de Andalucía ha destinado a eso precisamente, a crear aulas, facultades y campus en otras ciudades de la comunidad, durante los últimos 15 años. Por ejemplo, en junio de 2015 se inauguraron en el Campus de la Universidad de Granada en el Parque Tecnológico de la Salud las nuevas Facultades de Medicina y de Ciencias de la Salud (Enfermería más Fisioterapia) con un coste de 64 millones de euros. El Campus de la Salud consta de seis facultades y está actualmente a la cabeza en este tipo de equipamientos en todo el país. De hecho, situado en el término municipal de Armilla, incluso el metro granadino tiene su estación término en ella y es un motor económico de la provincia.

Valcárcel, en el programa electoral del PP andaluz.

En 2010, en plena crisis económica, se finalizó la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, con un coste de 25 millones de euros.

La Universidad de Málaga ha visto como han llegado constantes inversiones por parte de la Junta, no sólo para crear aulas sino hasta un corredor verde que una el campus de Teatinos con los otros dos existentes con un coste de 7 millones de euros y cuya primera fase debe estar finalizada en diciembre de 2020.

Son solos algunos ejemplos que demuestran que con voluntad todo es posible, y que si Valcárcel no puede convertirse en un centro universitario con fondos europeos debiera conseguirlo con dinero de la propia Junta de Andalucía. Otra cosa es que el nuevo gobierno de la Junta, formado por PP y Cs, no tengan ninguna intención de favorecer los intereses de la ciudad de Cádiz. Por cierto que la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad depende de Cs, cuyos concejales en la ciudad de Cádiz no han dicho esta boca es mía para reclamar un trato de igualdad con respecto a otras ciudades que se han visto favorecidas por inversiones en materia de infraestructura educativa.

En las dos últimas décadas la UCA sólo ha recibido dinero para acometer una infraestructura nueva: la Escuela Superior de Ingeniería (30 millones), cuyas obras estuvieron paradas ocho años por culpa de la cacareada crisis que no detuvo otros proyectos universitarios. Porque las obras del Colegio Mayor fueron sufragadas con dinero de la propia UCA y el Centro del Olivillo se financió con fondos ITI, que han pasado muy de refilón por la provincia si se exceptúa este proyecto o el Museo Camarón en San Fernando.

Teniendo en cuenta que la política se mueve en ocasiones más por votos que por el interés general de la ciudadanía, no viene mal recordar que la capital de la provincia de Cádiz es un caso único en cuanto a demografía. Según el Instituto Nacional de Estadística el pasado año la provincia de Cádiz tenía 1.249.000 habitantes y la capital 116.000, es decir, sólo un 9,2% de la población vive en la ciudad. Hay datos que pesan con sólo mirarlos. Por simple comparativa, según el INE 2018 la provincia de Málaga tenía 1.641.000 habitantes y la capital 571.000. Un 35% de peso demográfico. La provincia de Granada tenía 912.075 en 2018 y su capital, 232.208 (25%). La provincia de Sevilla, 1.945.000 habitantes, según el INE durante el pasado año. Y su capital casi 700.000. Es decir, su peso demográfico es del 36%.

Susana Díaz dio su visto bueno al proyecto y el PP lo llevaba en su programa electoral

El caso de Cádiz y su universidad no sólo es peculiar por la poca población de su capital sino porque su universidad cuenta con cuatro campus: Cádiz, Puerto Real, Jerez y Algeciras. Estas dos últimas ciudades, además, superan en número de habitantes a la capital.

En cuanto a la financiación, el presupuesto de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad para 2020 es de 2.045.779 euros. Si los 20 millones que costaría el proyecto de Valcárcel se fasean en cuatro años, esos cinco millones anuales supondrían el 0,0002% del presupuesto de la Consejería. Es más, prácticamente el 90% del presupuesto de la Consejería se destina a universidades, por lo que atendiéndose a todos estos datos menos se entiende el rechazo frontal del consejero a un proyecto querido por los gaditanos y en el que la propia universidad va de la mano con la Diputación y el Ayuntamiento.

Claro está que ni la Diputación ni el Ayuntamiento son de su mismo color político. Porque, ¿alguien duda de que si el PP estuviera gobernando en la ciudad el consejero en cuestión habría tenido más cuidado a la hora de echar balones fuera con el proyecto? Otra cuestión es que la Junta esté dispuesta a entregar un buen puñado de millones a la ciudad liderada por un alcalde anticapitalista que podría sacar rédito político a la resurrección de un edificio que lleva siendo monumento a la incapacidad a la hora de remar en la misma dirección de unos políticos más preocupados de luchas de siglas.

Una última cuestión que puede jugar en contra de Valcárcel. La Junta tiene que torear cada día con otros dos proyectos que requiere la capital gaditana: un nuevo hospital regional que venga a sustituir al Puerta del Mar y la Ciudad de la Justicia. Da la sensación que ambos están por delante en su lista de prioridades al traslado de una facultad de Puerto Real al barrio de la Viña, por muy histórico que sea el edificio que la albergue. Eso sí, convendría cuento antes levantar las cartas para que la UCA asuma que en vez de preparar el cambio de facultad tiene que empezar a invertir en rehabilitar la actual, que se cae a pedazos, además de desandar el camino recorrido, devolver el edificio a Diputación y que el sueño del hotel frente a La Caleta siga acumulando polvo en el cementerio de las ideas imposibles.