El interventor del Ayuntamiento de Cádiz ve necesario “reducir el endeudamiento financiero a largo plazo”

El equipo de gobierno de Bruno García ha encontrado una vía de gestión con la que pretende de algún modo sortear el actual marco normativo respecto a la financiación de las entidades locales. Ante la obligación legal de que el remanente de tesorería del ejercicio anterior se destine íntegramente al pago de la deuda bancaria, hace unos meses aprobó un préstamo millonario (27 millones, en concreto) que prácticamente van a liquidar al 100% con el remanente aprobado este jueves, que asciende a 25,5 millones. Acto seguido, se ha aprobado otra operación financiera para pedir a los bancos otros 19,7 millones de euros, que igualmente se amortizará en gran medida con cargo a los remanentes de los próximos ejercicios.

Esta práctica se puede resumir en que aquellas inversiones y proyectos que no se pueden ejecutar en un año natural, empiezan a salir adelante mediante este tipo de operaciones bancarias que garantizan la financiación de determinados proyectos (como la urbanización del parque del Cementerio, la reurbanización de la Avenida de Astilleros, la rehabilitación del frente de las Puertas de Tierra, la financiación completa del Portillo, el derribo de la Lonja, la reactivación de expropiaciones o la futurible compra del solar para el futuro hospital).

No obstante, esta práctica no está avalada por la Intervención municipal, que en los últimos informes realizados en materia económica insiste en la necesidad de que se reduzca “el endeudamiento financiero a largo plazo”.

Esta advertencia de Intervención contrasta, pues, con las operaciones que está ejecutando el PP gaditano, que suscribió el préstamo de 27 millones de euros por un período de amortización de 16 años, lo que puede considerarse largo plazo. Eso sí, hay que reseñar que el remanente de tesorería resultante del presupuesto de 2024 (25,5 millones) se ha destinado íntegramente a amortizar ese préstamo, dentro del año de carencia acordado con los bancos.

De hecho, los distintos informes de Intervención reflejan -en lo que a las cuentas de 2024 se refiere- un buen resultado económico, con afirmaciones como que el Ayuntamiento “tanto en su entidad matriz como de forma consolidada cumplirían con las reglas fiscales de estabilidad presupuestaria y regla de gastos” y al mismo tiempo cumple “la regla fiscal de límite de deuda”.

La necesidad de evitar operaciones de endeudamiento financiero no es el único llamamiento que hace Intervención, que también lanza la necesidad de que “se reemprendan los trabajos de depuración de derechos pendientes de cobro”. Y es que al Ayuntamiento gaditano se le imputa una partida de 67.256.265,54 euros de dudoso cobro, resultante de cuantías que se le deben desde el año 1990 a 2024. Una importante cantidad económica que requiere, como señala Intervención, “llevar a cabo una más amplia depuración de todos los saldos contables de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, no sólo correspondientes a la recaudación tributaria sino también al resto de los conceptos, también de proyectos de gasto, con análisis de las desviaciones de financiación”.

Para ello, señala también Intervención la necesidad de dotar el equipo económico municipal con más personal, lo que permitirá llevar a cabo esa labor de recuperación de los 67,2 millones de euros que se le deben al Ayuntamiento.