os inquilinos de una promoción de viviendas que rehabilitó Procasa, la empresa municipal de la vivienda, hace diez años en San Isidro, 7 se sienten engañados por el Ayuntamiento de Cádiz. Después de una década viviendo en esta finca, el propietario les ha enviado una carta en la que les comunica que han de hacer frente a un nuevo contrato que triplica aproximadamente las rentas que vienen pagando.

Las ocho familias afectadas aseguran que firmaron hace diez años un contrato que también fue rubricado por la entonces concejal de la Vivienda, Maribel Bueso, en el que “nunca se nos dijo que a los diez años pasaríamos a ser de renta libre”.

José Manuel Guerrero, portavoz de los vecinos, asegura que “ahora sólo tenemos dos opciones: una, continuar en la vivienda como arrendatarios con un nuevo contrato y con una cuota libre fijada por el dueño del inmueble, o dejar las viviendas el próximo 1 de diciembre”.

Según Guerrero, si el precio del metro cuadrado en alquiler era de unos tres euros, ahora pasaría a nueve por vecino “lo que supone una subida extraordinaria y fuera del alcance para nosotros”.

Hasta ahora han intentado ser recibidos en Procasa y en el Servicio de Atención al Inquilino (Siami), pero en ninguno de los dos casos lo han conseguido, hasta que el pasado viernes decidieron acudir al pleno municipal. Han mantenido encuentros con los partidos de la oposición, PSOE e IU, y este último llegó a elevar una propuesta al pleno para que se llegue a una solución. Como resultado de su presencia en el pleno, el concejal de la Vivienda, Pablo Román, les ha citado para una reunión mañana.

A través de estas dos formaciones y de manera indirecta en el Siami, le han dicho que el contrato es desde el punto de vista jurídico “legal, pero a nosotros no nos parece ético porque en ningún momento nos avisaron de que a los diez años pasábamos a tener un arrendamiento libre”.

Lo curioso es que desde el principio, aunque han sido inquilinos que les ha unido su fecha de entrada en la finca y que eran contratos de renta entre los 150 y 200 euros aproximadamente, sí tenían distintas modalidades, ya que a algunos se les firmó por diez años y a otros por cinco. En este segundo caso no se ha hecho ninguna prórroga durante el último quinquenio.

Los vecinos también se quejan de que ahora no sólo les quieren aumentar la renta, sino hacer un contrato nuevo que correría a su cargo, dar un mes de fianza y el mes corriente.Asimismo, temen que al ser contratos de un año, pasado ese tiempo puede volver a haber el mismo problema.

José Manuel Guerrero dijo que el problema que ellos están sufriendo puede dar la cara en muchas de las fincas que ha rehabilitado Procasa y que cuando transcurran diez años el propietario puede poner la renta que quiera. Según sus cálculos, hay otras 97 familias en esa situación.