El Equipo de Gobierno elevará al Pleno de este viernes una propuesta solicitando a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central una moratoria que permita al alumnado de primero de bachillerato mantener la simultaneidad de los estudios de bachillerato en cualquier especialidad con las enseñanzas de música y danza.

La concejala de Enseñanza, Ana Fernández, se reunió con el presidente del Ampa de Música, Jesús Alfaro y con la secretaria del Ampa de Danza, Isabel Mena quienes les han trasladado la preocupación ante el cambio normativo de la Ley Celaá y que “ha entrado en vigor en este segundo trimestre trastocando de lleno todos los planes de estudio de este alumnado”. Fernández ha explicado que “hasta ahora el alumnado de danza y música podía simultanear sus estudios con las especialidades de bachillerato de manera que esta carga lectiva se reducía para que pudieran seguir con los estudios artísticos y a la vez poder presentarse a las pruebas de acceso a la universidad y poder estudiar una carrera universitaria”. La nueva ley educativa Celaá “fija que el alumnado de música y danza solo pueda cursar el bachillerato artístico sin posibilidad de compaginarlo con otras opciones como la de ciencia o letras”.

La concejala ha señalado que “este cambio normativo contempla una moratoria para el alumnado de segundo de bachiller para que puedan concluir sus estudios como hasta ahora pero deja sin opciones al de primero pese a que el cambio normativo les afecta ya con el segundo trimestre en marcha”.

La protesta de los jóvenes estudiantes dejó imágenes como ésta

Relacionado también con el ámbito educativo, el Equipo de Gobierno presentará una iniciativa para instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía al aumento de la ratio de orientadores y orientadoras a uno por cada 250 alumnos y alumnas como recomienda, entre otras instituciones, la ONU. Además, se exigirá a la Consejería de Educación que exista un orientador o orientadora en cada colegio de Educación Infantil y Primaria de Andalucía y se instará además de a esta consejería, a la de Salud y Familia de la Junta de Andalucía que se establezcan protocolos de actuación y derivación para que en caso de que el orientador, orientadora o el centro educativo detecte indicios de problemas de salud mental, especialmente peligrosos en los jóvenes pueda derivarlo directamente a salud mental infantil- juvenil y que sea atendido de manera prioritaria.