Sólo puede calificarse de inadmisible, de kafkiano y hasta de inhumano. Dos administraciones que deberían velar por que a ningún ciudadano le falte algo tan básico como la comida a diario mantienen en vilo a decenas de miles de personas en la provincia de Cádiz y a centenares de miles en Andalucía. Son hombres y mujeres, niños y niñas, mayores, personas en circunstancias muy dramáticas que no pueden acceder a lo mínimo para sobrevivir después del alarmante recorte de fondos y de existencias que han sufrido los Bancos de Alimentos y, en consecuencia, las entidades que se encargaban de su reparto.

A día de hoy siguen a la espera de que arranque el nuevo programa de tarjetas monedero que debían de haber puesto en marcha el pasado mes de abril el Ministerio de Derechos Sociales y la Junta de Andalucía y que debe gestionar Cruz Roja. Todo porque las dos administraciones públicas no se ponen de acuerdo en la forma de hacerlo, de manera que la institución humanitaria no puede comenzar a hacer el trabajo que se les ha encomendado en todo el país.

Ministerio y Junta de Andalucía no se ponen de acuerdo ni siquiera en lo pactado en un Consejo Interterritorial de Servicios Sociales en el que se decidió de manera unánime, según el departamento del Gobierno central, que serían las comunidades autónomas, con competencias exclusivas en Asuntos Sociales, las que se harían cargo de facilitar el trabajo a Cruz Roja, mientras que la Administración General del Estado asumía el arranque del programa para agilizar su implantación. Desde el Ejecutivo andaluz niegan todo lo anterior. También que el ministerio haya hecho ya para ello una transferencia millonaria a Cruz Roja en cada una de las comunidades autónomas. Y desde el Ministerio aseguran que ya han terminado con su labor.

El pasado 22 de abril, un portavoz ministerial contestaba a este periódico, ante su insistencia en saber cuando arrancaría definitivamente el programa, que ya se había "indicado a las comunidades autónomas que ya pueden empezar a identificar a las familias que son potenciales beneficiarias de las tarjetas monedero en cada territorio, para derivarlas a Cruz Roja" y que esta institución, "tras una valoración de cada caso, pueda empezar a entregar las tarjetas". 

En paralelo, "a Cruz Roja se le ha trasladado que tengan ya las tarjetas disponibles para empezar a repartirlas y organizar esa entrega, que están ya acordando con las comunidades autónomas, y que la gestión responda a los requerimientos y obligaciones que marca la Comisión Europea", dijo la misma fuente ministerial". "El compromiso del Gobierno era que este sistema estuviera en marcha para este mes de abril y así ha sido", añadió, de manera que Ministerio de Derechos Sociales daba por finiquitada su tarea.

Sin embargo, una semana después, todavía sin rastro de las tarjetas monedero, concretamente el martes pasado, 30 de abril, un portavoz del Ejecutivo andaluz en la provincia de Cádiz respondía que "para la puesta en marcha de la tarjeta monedero, desde la Junta de Andalucía hemos pedido en reiteradas ocasiones que el Gobierno aclare aspectos técnicos fundamentales, así como que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 establezca criterios homogéneos para fijar los requisitos de acceso al programa transitorio en todo el país. La postura del ministerio ha sido, hasta el momento, de negarse a determinar estos requisitos".

Entre esos requisitos que todavía exigen a Madrid figuran, según la Junta, "aspectos primordiales, como definir el concepto de unidad familiar o establecer el periodo temporal sobre el que se ha de llevar a cabo la comprobación del umbral de renta. Esta indefinición se extiende, además, a la documentación a exigir para respaldar la acreditación de estos aspectos", sostuvo la misma fuente.

"Desde la Junta advertimos de que se está induciendo a una situación de desigualdad en el trato a la ciudadanía en función de la comunidad autónoma de residencia", añadió el mismo portavoz. "Por ello, desde Andalucía hemos solicitado al ministerio que convoque, de forma urgente, una sesión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a fin de poner abordar la actual configuración del Programa básico de alimentos y aclarar de una vez por todas aspectos que son fundamentales para poner en marcha con todas garantías la tarjeta monedero", agregó.

"Además, en este consejo, Andalucía volverá a defender la implantación de un sistema mixto: tarjeta monedero y distribución directa de alimentos a través de las entidades de reparto. Del mismo modo, reclamaremos que se redefinan los destinatarios y no solo se concentre toda la ayuda en familias con menores a su cargo, ya que en Andalucía son más de 280.000 personas las que se quedan sin estos alimentos básicos. Sostenemos que las comunidades autónomas podamos adoptar el perfil de las familias destinatarias según sus singularidades", avanzan desde el Ejecutivo andaluz.

"Igualmente, Andalucía incidirá en que esta tarjeta monedero es doblemente excluyente, ya que además de dejar decenas de personas sin poder acceder a ellas: jubilados con pensión muy bajas, familias con hijos mayores de 18 años, personas migrantes y víctimas de violencia de género", entre otros colectivos, argumentan desde el Gobierno autonómico. Y añaden que "8 de cada 10 municipios no disponen de tiendas donde se puedan usar la tarjeta monedero. Solo hay 319 establecimientos en toda Andalucía ubicados en 120 localidades, dejando fuera 665 municipios (el 85%)".

En 24 municipios de 45 de la provincia no podrán comprar con las tarjetas

De hecho, tal y como adelantó Diario de Cádiz, en 24 municipios de los 45 de la provincia gaditana no se podrá comprar alimentos con las tarjetas monedero, de manera que las familias con menores a su cargo en situación de vulnerabilidad beneficiarias en esos términos municipales se verán obligadas a desplazarse a otros para poder comprar lo básico para vivir. La situación es parecida en otras provincias y en otras comunidades autónomas.

Esto es así porque el sistema que ha intentado poner en marcha transitoriamente el Ministerio de Derechos Sociales y cuya gestión debe llevar Cruz Roja hasta el próximo 31 de diciembre de 2024 sólo contempla siete cadenas de supermercados a nivel nacional donde poder hacerlo, cifra que se reduce a tres en la provincia de Cádiz: Carrefour, Alcampo y Eroski. Más de una veintena de municipios gaditanos no disponen de establecimientos de estas firmas.

Según la documentación que maneja la Consejería de Inclusión Social, Juventud, familias e Igualdad Social remitida por el Ministerio de Derechos Sociales, los 21 municipios gaditanos que disponen de supermercados de Carrefour, Alcampo y Eroski son: Alcalá del Valle (1), Algeciras (6), Algodonales (1), Arcos de la Frontera (1), Cádiz (11), Chiclana (7), Chipiona (1), Conil (2), El Bosque (1), Grazalema (1), Jerez (6), la Línea (1), Los Barrios (1) Paterna de Rivera (1), Rota (2), San Fernando (5), San Roque (1), Sanlúcar (3), Tarifa (1), Vejer (1) y El Puerto de Santa María (7). En total son 61 los establecimientos en la provincia de Cádiz, 2 de Alcampo, 57 de Carrefour y 7 de Eroski.

Los beneficiarios de tarjetas monedero que se verían obligados a desplazarse a otros municipios serían los de Alcalá de los Gazules, Algar, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Bornos, Castellar, El Gastor, Espera, Jimena, Medina Sidonia, Olvera, Puerto Real, San José del Valle, Setenil de las Bodegas, Trebujena, Ubrique, Villamartín, Zahara de la Sierra, Villaluenga, Benaocaz, Torre Alháquime, Prado del Rey, Puerto Serrano y San Martín del Tesorillo.

Al cierre de esta información a este periódico no le constaba fecha para esa sesión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, ni tampoco, por supuesto, fecha para la entrega de las primeras tarjetas monedero.

Si la situación sigue así, a los comedores sociales les queda mucha faena por delante. Y volverán las colas del hambre.