La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a cinco años de prisión al catedrático de la Universidad de Cádiz Francisco Antonio Macías Domínguez por desviar más de 33.000 euros de las cuentas de la UCA en su propio beneficio entre 2007 y 2011, fechas en las que ocupó el puesto de vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (VIDI). Asimismo, ha sido inhabilitado para cargo público relacionado con la dirección y representación universitaria y con la administración de fondos públicos durante ocho años y dos días. 

El ex vicerrector deberá también pagar una multa de 30.000 euros e indemnizar a la UCA en la cantidad de 33.570,35 euros por los gastos personales, sobre todo de comidas en restaurantes, que cargó a la UCA y que justificó falsamente como prolongaciones de jornada, atenciones protocolarias o encuentros de trabajo con otros altos cargos institucionales que, en su mayoría, negaron haber estado presentes en esas reuniones.

La sentencia condenatoria se ha hecho pública este jueves después de que, a principios de este mes de diciembre, un jurado declarase a Francisco Antonio Macías culpable de malversar de caudales públicos y falsificar documentos oficiales de manera continuada.

En base al veredicto de culpabilidad, la resolución judicial recoge que como hechos probados que Macías Domínguez se aprovechó del alto cargo que ocupaba en la Universidad gaditana para presentar "falsas imputaciones de gastos públicos cuando en realidad eran gastos personales en restaurantes, transportes y otras disposiciones" que cargó a las cuentas de la UCA en repetidas ocasiones durante cuatro años. "Con la finalidad de enriquecerse de forma ilegítima, de destinar a su propio beneficio o de mera liberalidad de los fondos que administraba, el acusado fingió que determinadas facturas o tickets se correspondían con gastos de su actividad como vicerrector, engañó en la documentación administrativa que los justificaba y evitó el control posterior".

Para ello, detalla la sentencia, el ex vicerrector se valió de las tarjetas de crédito corporativas de la Universidad de Cádiz. Las conocidas como tarjetas black tenían un límite de 3.000 euros mensuales y los pagos que se realizaban con ellas "se adeudaban directamente en la cuenta bancaria de la UCA". Macías también utilizó el procedimiento de reembolso por caja habilitada, "que requería de una tramitación administrativa en la que el procesado entregaba un ticket o factura junto con un impreso de motivación del gasto firmado por él como responsable del gasto" para su posterior cobro.

Queda reflejado en la sentencia de forma pormenorizada el "desvío desleal de fondos públicos" que llevó a cabo Macías "en su propio beneficio de forma fraudulenta" a través de un exhaustivo desglose de los gastos irregulares que generó en su época de vicerrector, la mayor parte de ellos, ocasionados en fines de semana. Aparecen así numerosos cargos en restaurantes de la provincia de Cádiz, algunos duplicados e incluso triplicados, estancias en hoteles, gastos de desplazamiento, 5.127,16 euros en consumo de la máquina de café del Vicerrectorado, 1.172,16 euros en caramelos y 9.207,21 euros en regalos. 

Figuran también cargos fraudulentos en días festivos. Por ejemplo, los días 24 de diciembre y 31 de diciembre de 2008 el ex vicerrector compró comida para llevar en el Bar Nono de Cádiz. Ese mismo 24 de diciembre adquirió igualmente comida para llevar en el restaurante Romerijo de El Puerto. "Esos días la Universidad permanecía cerrada, con lo que resulta inverosímil imputar esos gastos a prolongaciones de jornada o a atenciones protocolarias", argumenta la sentencia.

"El propio acusado ha reconocido no haber devuelto los importes reclamados so pretexto de no haber sido requerido para ello, cuando lo cierto es que todas las irregularidades detectadas le fueron notificadas en vía administrativa por la Universidad y posteriormente reclamadas en los escritos de acusación por el Ministerio Fiscal y la acusación particular -ejercida por la UCA-, sin que en momento alguno haya hecho esfuerzo o voluntad de consignar o pagar", expone el presidente del tribunal popular, Manuel Grosso de la Herrán, en su dictamen.

A la hora de imponer las penas, el magistrado ha estimado que en este caso no concurre la atenuante de dilaciones indebidas que solicitó la defensa del catedrático "de manera genérica y sin concretar dato alguno" tras la lectura del objeto del veredicto por parte del jurado. No obstante, el juez sí ha tenido en cuenta la ausencia de antecedentes penales de Macías así como su edad para valorar como "prudente" la condena de cinco años de cárcel y ocho años y dos días de inhabilitación. En cuanto a la multa de 30.000 euros impuesta por el delito de falsedad documental, el magistrado la considera "acorde con la capacidad económica del condenado, que es catedrático en activo de la Facultad de Química de la UCA".

La resolución judicial no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.