En un callejón sin salida. Así se ven ahora las personas afectadas por el paro de las obras de Los Chinchorros ante el plan de viabilidad presentado por la promotora que estaba llevando a cabo las obras y que los afectados consideran "un disparate", y la presión de La Caixa para ejecutar la hipoteca.

Para dar a conocer públicamente esta situación, un grupo de afectados se concentró ayer por la mañana junto al solar donde se levantan los esqueletos de dos de los edificios de la promoción, abandonados desde el año 2009 y vallados hace unos meses por la entrada de okupas.

Según explicaba ayer el presidente de la Asociación de Afectados por la Promoción de Los Chinchorros, Marcelo Villacorta, el plan de viabilidad de la promotora plantea la quita de un 30% de las cantidades entregadas por los afectados, un aumento de los precios de las viviendas "de auténtica locura" y la venta del solar que queda sin construir a una empresa del grupo de la promotora "a un precio ridículo" para poder construir allí viviendas, unas de protección oficial y otras de renta libre, "por lo que conseguirían beneficios pagados por nosotros", señalaba uno de los afectados.

"Así que ahora nos encontramos ante dos opciones: o aceptamos el plan de viabilidad o La Caixa se lo queda todo", resumía Villacorta. Otro de los afectados añadía que si la entidad bancaria se queda con los terrenos, "los sacará a subasta por el 70% de su valor y tenemos conocimiento de que la misma empresa constructora con otro nombre quiere pujar para quedarse con el terreno y construir allí, quedándose con los beneficios sin tener que devolvernos nada ni cumplir el contrato que firmó con nosotros. Esto es, nos robarían impunemente y lo perderíamos todo".

Por todo esto, los miembros de esta la asociación "pedimos a la jueza que inhabilite a los administradores de la promotora para que podamos llegar a un acuerdo todos juntos sin obstáculos porque creemos que el proyecto es viable, porque si se construyen pisos en la pastilla que queda, el dinero de la venta de esos pisos repercute en la promoción", afirmaba ayer el presidente.

Otros afectados declaraban que ellos lo que quieren es presentar un plan de viabilidad "de la mano de La Caixa y los administradores concursales para que se pueda llevar a cabo la obra sin que ningún especulador se haga rico a costa de los ahorros conseguidos con mucho trabajo por un montón de ciudadanos y las casas que han cedido otros. Porque nosotros no queremos hacernos ricos, lo único que queremos es que se construyan los pisos".

Añadían que ya intentaron presentar anteriormente un plan de viabilidad, pero la empresa constructora se negó a aportar la documentación necesaria. "Así que como no nos ayude la administración concursal o la jueza, esto es imposible".

Los afectados mostraban ayer su indignación y su impotencia. "La situación está peor que al principio y nadie quiere colaborar. Llevamos 13 años padeciendo", afirmaba una señora. Y es que el proyecto se inició en el año 2000 de la mano de la promotora Somos ya cinco 95, que posteriormente se asoció con Goncava para crear Arrecife Costa Bahía. Las obras se iniciaron en 2007 con mucho retraso por "problemas urbanísticos" y se pararon en 2009 por motivos económicos. En el año 2010, Unión Parque Bahía adquirió el 99% de las participaciones de las dos empresas de Arrecife Costa Bahía y cambió su denominación a Promociones Arrecife 2010. Fue en ese momento cuando la promotora se puso en contacto con los afectados para decirles que los costes de la obra habían aumentado y les pidió el doble de lo que ya habían aportado. Al no aceptar, la empresa presentó un concurso voluntario de acreedores.

"Nosotros hemos cumplido con nuestra parte, los que no han cumplido son ellos", señalaba una señora que había invertido todos sus ahorros en un piso de esta promoción y ahora se veía sin dinero y sin casa.

En esta misma situación se encuentran muchos afectados, mientras que otros que permutaron sus casas y sus terrenos por viviendas en los nuevos edificios que iban a construirse, ahora están sin un lugar donde vivir. Es el caso de Balbina, que cambió su casa por un piso en uno de los nuevos bloques. En el contrato de la permuta, el promotor se comprometía a pagar el alquiler de realojo mientras duraban las obras. Pero lleva dos años sin pagar y ella, con 600 euros de pensión no puede abonar los 550 euros que le cuesta el alquiler más los gastos de luz, agua, gas, comunidad y comida. "Si no fuera por sus hijas, no tendría donde vivir", comentaba otra de las afectadas.

"¡Todo esto que nos está pasando es injusto!", afirmaba Mercedes, otra de las perjudicadas, quien hacía un llamamiento a La Caixa para que no ejecute la hipoteca "ahora que está promocionando tanto su obra social, porque si la promotora se hace con el terreno lo perderíamos todo. ¡Esto no puede pasar en un país democrático!"

También hizo un llamamiento a la alcaldesa para que mediara. "Hemos ido al Ayuntamiento a pedir ayuda y no nos hace caso. Parece que esto no existe o no está en Cádiz", dijo.

Benito Gómez relató que su madre contaba con 730 metros cuadrados libres de hipoteca al lado de la playa, donde vivía muy tranquila. Ahora, ese terreno está hipotecado y su madre, que es pensionista, se ve "que le han quitado su terreno, se ha quedado sin casa y se tiene que pagar con su pensión un alquiler porque la promotora dejó de pagar hace tiempo".

Benito hace referencia también a las personas que han fallecido esperando su nueva casa y a las que esta situación les ha llevado a una depresión. "Es que estamos desesperados. Llega un momento que ya no sabes qué hacer y te llega a afectar a nivel familiar porque te comes el coco y tienes una sensación de impotencia y una ansiedad..."

Este hombre se lamenta de que "lo peor es que todo esto lo permite la ley". Por eso, considera que lo que hay que hacer es "atajar el problema de raíz, porque si no se cambian las leyes, los especuladores saben desde el principio lo que tiene que hacer para ganar dinero. La ley está a favor de ellos y mientras no se cambie, esto va a seguir así".