Cuando el enfrentamiento entre el concejal de Vía Pública, Martín Vila, y el presidente de Horeca, Antonio de María, a cuenta de la aplicación de la nueva ordenanza reguladora de terrazas de bares y restaurantes parece irresoluble, el alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', ha decidido implicarse personalmente en la consecución de un acuerdo con los hosteleros.

Según ha podido saber este periódico de fuentes del sector, el regidor gaditano ha citado a los primeros empresarios afectados por los recortes de mesas y a representantes de la patronal a una reunión que tienen previsto mantener el próximo miércoles 29 de enero en el Ayuntamiento con el fin de llegar a un punto de encuentro que ponga fin al conflicto.

En la reunión se prevé que estén también presentes el propio Martín Vila y el concejal David Navarro, apuntaron las mismas fuentes, si bien todavía está pendiente de concretarse quienes asistirán.

La aplicación desde hace solo unas semanas de la nueva ordenanza ha generado una gran preocupación entre los primeros afectados por los recortes en la Plaza de San Francisco y de Mina. En cualquier caso, los empresarios están dispuestos a una reestructuración, pero de manera que no suponga pérdida de empleos.

Aprobada en marzo de 2019, la normativa está vigente desde julio, después de un larguísimo y tortuoso proceso de participación de los colectivos implicados en la reivindicación del uso de los espacios públicos y de los propios hosteleros y de que fuera rechazada por el Pleno en una primera votación. Dieciocho meses en total. 

Además, la tardía exigencia de cumplimiento de la nueva normativa por parte del Ayuntamiento ha provocado un duro enfrentamiento entre el concejal de Vía Pública y el presidente de Horeca que resulta cuanto menos sorprendente si se tiene en cuenta que la ordenanza llegó al Pleno por segunda vez con el supuesto “consenso” de los colectivos que aportaron sus propuestas en el proceso de participación.

En Horeca lamentan que desde el Ayuntamiento “se quieran imponer ahora ‘parámetros técnicos’ que no constan en el texto aprobado”, mientras que el concejal acusa a la patronal de “querer apropiarse del espacio público”.

En el rifirrafe y al hilo de la pérdida de empleos que argumentan los hosteleros que supondría un recorte riguroso en el número de mesas han vuelto a emerger los serios problemas de precariedad laboral que, según recordó el edil, persisten en el sector, inmerso ahora en plena negociación del convenio colectivo provincial.

Los primeros afectados por la aplicación de la ordenanza han destacado la voluntad de llegar a un acuerdo demostrada por el concejal de Vía Pública, que ya les emplazó para un segundo encuentro, aunque sin fijar fecha. Todos les han presentado ya sus propuestas de reestructuración y confían en llegar a un entendimiento.